Bomberos, policías locales, funcionarios de Justicia y médicos del Comarcal están calentando la precampaña electoral en Melilla con protestas en las que reivindican mejoras laborales que no acaban de llegar.
Lo que empezó siendo una manifestación aislada de los letrados de Justicia ha acabado poniendo en pie de guerra a sectores que fueron decisivos durante la pandemia. Es el caso de los facultativos, que han pasado de ser aplaudidos a ser ignorados.
Los policías locales se suman ahora a unas movilizaciones que ya habían iniciado durante la legislatura cuando protestaron a las puertas de un pleno en la Asamblea por el incumplimiento del compromiso de subida salarial contraído por el Gobierno de Imbroda antes de perder el Gobierno.
Los bomberos llevan años reclamando refuerzos y advirtiendo de que, como los médicos, tienen las plantillas bajo mínimos y entraditas en años. Pero sus reclamos han caído en saco roto.
Tanto Bomberos como Policía Local dependen de la gestión del presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, que no ha logrado conectar con los agentes a su cargo en los cuatro años que lleva al frente del Gobierno y asumiendo las competencias de Seguridad Ciudadana. Esa desconexión la deja en herencia al Gobierno que salga de las urnas el 28 de mayo.
Los funcionarios de Justicia y los médicos, por su parte, dependen de Madrid. Estas dos protestas afectan a dos servicios públicos fundamentales como son la sanidad y la justicia. Las consecuencias son nefastas porque las listas de espera van a más y también afecta el tiempo máximo de resolución de conflictos judiciales.
El problema es que este martes se pueden sumar a las movilizaciones los abogados del turno de oficio, pero también los jueces y fiscales. La situación es preocupante y manda a los políticos un mensaje meridianamente claro: las promesas incumplidas pasan factura.
Y obviamente estos gremios en pie de guerra aprovechan la extrema sensibilidad del votante y de los partidos políticos, debido a la cercanía de la cita con las urnas, para meter el dedo en la llaga.
Como en todas las protestas, el ciudadano se convierte en rehén de los reclamos. La ciudadanía sufre las consecuencias de la falta de acuerdo y de la incapacidad para negociar que tiene nuestra sociedad.
