El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, es uno de los cuatro firmantes de la querella presentada por el Movimiento 24.2 contra el letrado mayor de las Cortes y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, al que consideran responsable de los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación. El motivo, el informe elaborado por Galindo para que pudiera tramitarse la ley de amnistía "de forma arbitraria", según considera en el grupo de profesionales de la Abogacía.
En la querella, que se tramita en los juzgados de Madrid, explican que el citado letrado mayor emitió el 20 de noviembre pasado una "nota de la Secretaría General" relativa a la amnistía en la que "tras una farragosa argumentación, se afirma que el articulado de la proposición de Ley no es palmaria y evidentemente inconstitucional y que puede ser admitida a trámite por la Mesa del Congreso para su debate parlamentario".
Los cuatro abogados que suscriben la querella entienden que Galindo se prestó de "forma groseramente antijurídica, a poner a la Secretaría General del Congreso de los Diputados al servicio de un engranaje de corrupción política que atenta contra el fundamento del sistema de convivencia, que no es otro que la confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho, al adoptar la decisión de no poner el debido reparo de inconstitucionalidad a la arbitraria actuación legislativa tendente a conceder la amnistía en pago de la investidura, intercambio inadmisible en un régimen democrático».
Los querellantes apuntan a que el letrado mayor debió de haberse abstenido de informar sobre la admisión a trámite de la ley de amnistía porque había ocupado desde hacía tiempo "importantes puestos de responsabilidad política como alto cargo de instituciones gobernadas por el PSOE". De hecho, en 2008 "era vocal vecino del grupo socialista de la Junta Municipal de Chamartín en el Ayuntamiento de Madrid, mientras Pedro Sánchez era concejal de dicho Ayuntamiento y, más tarde, con Sánchez al frente del Gobierno, ha sido director general de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Subsecretario del mismo Ministerio".
Subrayan también que Galindo obvió las circunstancias que «han conducido a la Proposición de Ley de Amnistía, que la convierten en un vehículo normativo manifiestamente arbitrario». Por último, la querella pone de relieve que, en la pasada legislatura, otro intento de amnistía para el 1-O fue, en cambio, rechazado.
Los cuatro firmantes de la querella son, además del citado Blas Jesús Imbroda, el magistrado en excedencia del Tribunal Supremo Adolfo Prego, el catedrático Nicolás González-Cuellar y el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo
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