La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado al Ministerio de Defensa la realización de una auditoría externa e independiente sobre la prevención de riesgos laborales en todas las bases, acuartelamientos y establecimientos de las Fuerzas Armadas. La petición, fechada el 14 de abril de 2026, se produce tras un incremento sostenido de quejas que, según la entidad, alertan de posibles riesgos para la seguridad, la salud y la dignidad profesional del personal militar.
De acuerdo con la información trasladada por la asociación, en los últimos meses se ha registrado un aumento de comunicaciones procedentes de unidades de todo el territorio nacional. Estas denuncias apuntan a deficiencias tanto en zonas de vida como de trabajo, incluyendo problemas estructurales, humedades, instalaciones eléctricas deterioradas, mobiliario en mal estado y falta de mantenimiento básico.
A estas carencias se suman incidencias en servicios esenciales. ATME señala que se han producido cortes de agua, fallos en sistemas de calefacción, averías prolongadas en calderas e interrupciones eléctricas que afectan directamente al desempeño de las funciones del personal militar.
La organización subraya que estas situaciones no serían casos aislados, sino que se han documentado en distintas instalaciones, entre ellas el REW 31 en El Pardo, la Academia de Infantería de Toledo, el Polvorín “El Renegado” en Ceuta, el Arsenal de Cartagena o el acuartelamiento de Puerto del Rosario, entre otros. En algunos de estos espacios, se han reportado desde alojamientos en instalaciones no diseñadas para uso residencial hasta problemas como goteras, duchas deterioradas o ausencia de calefacción.
ATME advierte además de que parte de estas incidencias afectan a personal de nueva incorporación que, en algunos casos, carece de ayudas a la vivienda y se ve obligado a residir en instalaciones que no cumplirían los estándares mínimos de habitabilidad.
Ante esta situación, la asociación considera necesaria una auditoría integral realizada por una entidad acreditada que permita evaluar de forma homogénea el estado de las instalaciones, detectar posibles riesgos y establecer prioridades de actuación. Asimismo, solicita que los resultados sean compartidos con las asociaciones profesionales para garantizar el seguimiento del proceso.
