LA XV legislatura ya ha arrancado por fin. Casi un mes después de las elecciones del 23 de julio, este jueves ya, por fin, se constituyó la mesa del Congreso de los Diputados con mayoría progresista y con una presidenta del PSOE gracias al acuerdo logrado por el bloque de izquierdas con los partidos nacionalistas.
Así, Francina Armengol salió elegida presidenta del Congreso con los apoyos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG y la candidata del Partido Popular, Cuca Gamarra, se tuvo que conformar con los votos de su partido, más UPN y Coalición Canaria.
El caso es que los nacionalistas e independentistas –singularmente, los catalanes- han obtenido ya un rédito. La ex presidenta de Baleares se ha comprometido a que, a partir de la sesión de ayer, cualquier diputado podrá expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de España –que son el castellano, el catalán, el gallego y el euskera-.
Además, se supo que el PSOE había registrado una petición ante la Unión Europea para que se reconozca el catalán como lengua oficial también en este ámbito. Desde ERC también se ha hablado de una ley de amnistía para los condenados durante el procés. Y los nacionalistas vascos se han subido a la ola y han aportado sus reivindicaciones.
Eso sí, ninguno de ellos entra en la mesa, que queda íntegramente conformada por el PP -4-, PSOE -3- y Sumar -2-, con lo que sale mayoría progresista. Tampoco se sienta nadie de Vox, que cabe resaltar que no apoyó a Gamarra, sino a su candidato propio, Ignacio Gil Lázaro.
En cualquier caso, todos han querido desligar esta elección –sin duda, importante, y de ahí el interés de todos-, de la del próximo presidente del Gobierno, que es más importante.
También se constituyó la mesa del Senado, con el popular Pedro Rollán como presidente de la Cámara Alta gracias a la mayoría absoluta que tiene su partido.
La rueda ya está en marcha y bien hará Melilla en no bajarse de ella, independientemente de quién ostente al final la Presidencia del Gobierno. Y hay cuestiones que el Estado no puede obviar aunque la ciudad ocupe tan sólo una minúscula parte de toda la superficie del país. Aunque Melilla no tenga tanto poder como Cataluña, País Vasco o Galicia, debe tener los mismos derechos que ellos. Ni más, ni menos.
