Como suele ocurrir con estos casos, cada uno los ve según sus intereses. De esa manera se pronunció el presidente de la patronal, Enrique Alcoba, al ser preguntado sobre qué le parecía la guerra de acusaciones entre PP y PSOE por los datos del paro del pasado mes de julio, en el que el desempleo descendió en 98 personas en la ciudad autónoma.
Para Alcoba, sin querer entrar en la guerra dialéctica entre los dos grandes partidos de ámbito nacional, cualquier bajada -incluso aunque sea mínima- está bien, porque “mejor eso que nada”. Desde la Unión General de Trabajadores (UGT), su secretaria de Políticas Sociales y Empleo de UGT-Melilla, Dolores Creus, también ve positivo un descenso que, en términos porcentuales, queda cifrado en el 1,27 por ciento.
Actualmente, hay en Melilla 7.638 personas dadas de alta como demandantes de empleo, cifra que Jaime Bustillo, desde el PSOE, dice que, pese al “ruido” del PP, es menor que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno.
Cabe recordar que Melilla, al ser una Ciudad Autónoma y no una Comunidad Autónoma, tiene bastante restringidas las políticas activas de empleo que puede poner en marcha, por lo que, para el PSOE, esta mejoría se debe, sin duda -además, con cinco meses seguidos de descenso y con récord en afiliación a la Seguridad Social-, a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno central.
Desde la Ciudad Autónoma, sin embargo, se ven las cosas desde un prisma bien diferente. Según la vicepresidenta segunda, Fadela Mohatar, este descenso, que no es suficiente, no se ha producido por la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que se debe a los tres ejes que el Gobierno local anunció que iba a promover desde que el PP recuperó el poder: universidad, turismo y nuevas tecnologías.
De hecho, Mohatar considera inaceptable que el Ejecutivo central tenga “abandonada” Melilla y no deje a la Ciudad poner en práctica todo lo que les gustaría, y acusó a la delegada del Gobierno de falta de apoyo por lo que considera un silencio cómplice.
Sea como fuere, 7.638 parados en una población de unos 87.000 habitantes de los que hay que descontar a niños y jubilados es algo difícilmente asumible para una localidad que quiere prosperar. Bien harían unos y otros en colaborar lo máximo posible para reducir una tasa que ha obligado ya a demasiada gente durante los últimos años a marcharse de la ciudad para buscarse la vida. Y en este punto quien más tiene que decir es el Gobierno central.
