“Me parece de vergüenza lo que acaban de hacer los fiscales de la Audiencia Nacional”. Así de tajante se mostró el padre de Pisly, Abdeslam Ahmed, sobre el archivo de la causa judicial del presunto asesinato de su hijo y Emin, dos jóvenes melillenses que navegaban en aguas marroquíes con permiso cuando fueron disparados por miembros de la Marina Real marroquí.
Cree que de esta forma “se protege a los asesinos y desprotege a los asesinados”. Considera que a pesar de todos los documentos que han ido recabando estos siete años, que les echen atrás la causa por un documento es una falta de apoyo por parte de la Audiencia y pide que soliciten a Marruecos los documentos necesarios, no a la familia.
“La verdad es que es inconcebible” y se cuestiona si “hay una mano negra detrás o presiones”, por lo que pide respuestas sobre lo ocurrido. “No puede ser que asesinen a dos personas, se callen y que los que los tienen que defender archiven la causa, ¿en qué país vivimos”, se pregunta.
“No sé quién ha presionado, no sé a qué viene esto” y le sorprende que digan que no hay causa cuando han matado a dos jóvenes.
Ahmed quiere que quien pudiera pregunta a la Fiscalía el por qué de este archivo o que al menos los responsables de la muerte de su hijo “den la cara”. Subrayó que él mismo acudió a Nador y consiguió el parte en el que figuraba el nombre de los responsables de los hecho antes de que los documentos se enviarán a Rabat.
“Yo no sé si somos moneda de cambio, la verdad es que es inexplicable”, alega y aún así, afirma que seguirán adelante y harán todo lo que esté en sus manos y pregunta si los responsables políticos van a pronunciarse al respecto.
De momento, señaló que están un poco “perdidos” y aún están asimilando lo ocurrido.
“¿Quién ha presionado a la Fiscalía?”, reiteró, por lo que tienen intención de pedir una cita con este órgano para que explique el por qué de su motivación para archivar el caso.
Asegura que la causa no se ha archivado por una razón de peso, sino por un documento y quien lo tiene que investigar lo ha dejado de lado. “A ver si entre todos ponemos el foco sobre el caso y conseguimos algo”; expresó aún esperanzado.
Confiesa que no tiene pruebas de las presiones, pero los propios hechos hablan por sí solos, apuntó. “Te da qué pensar”, dijo.
También cree que el suceso debería haber tenido más importancia mediática y recuerda que la Ciudad Autónoma no puso la bandera a media asta como suele ocurrir cuando suceden este tipo de hechos. También, rememoró que teniendo ya una entrevista concertada con programas de gran audiencia a nivel nacional, en el último minuto se la cancelaron “con excusas” y que el propio exministro de Asuntos Exteriores del momento, José Manuel García-Margallo, le trasladó que tomarían cartas sobre el asunto y a los pocos días vio que fue de visita a Marruecos para inaugurar una obra junto al rey Mohamed VI.
Busca y captura
Volviendo al mes pasado, la situación era muy distinta cuando se supo que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el 23 de septiembre la busca y captura e ingreso en prisión de tres militares marroquíes como los presuntos autores del tiroteo que causó la muerte de dos jóvenes melillenses en octubre de 2013 cuando navegaban en una embarcación en aguas marroquíes.
Se trata del comandante Mounir Tisman y los sargentos Aziz El Mals y Mouhein Brioul, según informó en su momento Ilocad, que dirige el exjuez Baltasar Garzón, y que, como acusación en esta causa, pidió al juez la adopción de estas medidas, mientras que la Fiscalía solicitó por su parte el archivo.
Según el auto, al que tuvo acceso Efe, la Fiscalía pidió al juez Calama que sobreseyera la causa «por no existir elementos suficientes que permitan dirigir el procedimiento contra persona alguna».
El juez por contra, y apoyándose en la acusación que ejerce Ilocad, rechazó darle carpetazo porque entendía que existen “indicios racionales de criminalidad contra los investigados» como «tripulantes” que eran de la patrullera desde la que se realizaron los disparos.
Por eso, y al no facilitar Marruecos que les pueda tomar allí declaración, optó por decretar órdenes europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra ellos, así como la comparecencia judicial en las 72 horas siguientes a que sean puestos a disposición de un juez.
