El empresario declaró ante la juez Alcázar que la Guardia Civil le presionó: “En la Comandancia me insistían en que dijera a qué político había pagado”.
El empresario melillense Abdelkader Kasem, primer detenido en la llamada ‘Operación Ópera’ que investiga supuestas irregularidades en la contratación pública de la Ciudad Autónoma, declaró ante la ex titular del Juzgado de Instrucción número 4, Mª José Alcázar, que no pagó a ningún representante político para que le adjudicaran contratos menores. En la misma declaración judicial, posterior a la que realizó en primer lugar en la Comandancia de la Guardia Civil, afirmó que le habían presionado: “En la Comandancia me insistían para decir a qué político había pagado. No he pagado a nadie, a nadie”.
Ambas manifestaciones forman parte de la declaración judicial del empresario melillense que se ha conocido tras el levantamiento parcial del secreto del sumario el pasado martes. Las partes implicadas en el caso han tenido acceso a los siete tomos iniciales de la investigación y otro volumen adicional donde el juzgado ha recopilado las declaraciones de los imputados y testigos pertenecientes a otras piezas de la investigación sobre las que todavía pesa el secreto de sumario.
Desde que saltara a la opinión pública la investigación ‘Operación Ópera’, lo único que había trascendido sobre la declaración ante la Guardia Civil del empresario Abdelkader Kasem es que en la Consejería de Medio Ambiente le “preparaban” los contratos que después se adjudicaban y que éstos eran de una cuantía menor al máximo estipulado para que ‘evitar’ el trámite de la licitación pública. Cabe recordar que estas declaraciones se realizaron en el marco de otra investigación de carácter fiscal a las empresas de Kasem.
El empresario afirmó a la Benemérita que “su único cliente” era la Ciudad Autónoma y los contratos los conseguía él personalmente. Según la declaración ante los agentes de la Guardia Civil, esos contratos “no podían pasar de 30.000 euros y a veces hacían dos facturas para no tener que ir a subasta”. Las personas con las que supuestamente contactaba para materializar esos contratos menores eran el consejero Ramón Gavilán y Carlos López Rueda, según dijo Kasem a la Guardia Civil. El empresario añadió que “sólo por orden del consejero se indicaba qué trabajos se hacían por contrato menor y a qué empresario se adjudicaban”.
Estas declaraciones originaron las pesquisas que se denominaron ‘Operación Ópera’ cuya primera fase se materializó el 12 de septiembre de 2013. Hace casi un año la juez Alcázar y agentes de la Policía Judicial de la Benemérita efectuaron un registro en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente en el Palacio de la Asamblea.
El mismo día detuvieron al empresario Abdelkader Kasem, quien ingresó en prisión y quedó en libertad 40 días después.
Siete tomos y uno adicional
Los abogados de las personas imputadas en la ‘Operación Ópera’ pudieron acceder ayer al contenido de la investigación. Se trata de siete tomos correspondientes a la fase inicial de las pesquisas realizadas hasta el mes de octubre del año pasado. Además, en el tomo adicional hecho público se incluyen las declaraciones de imputados y testigos en la causa judicial, entre ellas, la del propio Abdelkader Kasem.
Son las declaraciones que efectuaron el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, su director general, José Pastor, el jefe de la Unidad de Protección de Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda, y el interventor de la Ciudad, Francisco Platero. Todos ellos fueron detenidos el 18 de octubre y quedaron en libertad el mismo día, tras más de 14 horas en los calabozos de la Comandancia de la Benemérita y en el juzgado. Días más tarde comparecieron en los juzgados el ex consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, también imputado en la ‘Operación Ópera’ y otros miembros del Gobierno local, como el consejero de Economía, Daniel Conesa, y el que fuera hasta 2011 consejero de Fomento, Rafael Marín.
En los 1.500 folios que conforman los siete primeros tomos de la investigación de la ‘Opera’ se incluyen los contratos sobre los que los investigadores ven supuestas irregularidades. Los investigadores aportan, además, contratos públicos realizados por otras administraciones locales, como en la contratación de servicios y otras actuaciones en playas de Cantabria, para establecer una comparativa en los procedimientos de contratación pública.
