Hay una palabra que define cada vez mejor la política española actual: hipocresía. Hipocresía institucional, hipocresía moral e hipocresía política. Y quizá en ningún asunto resulte tan obscena como en la manera en que el PSOE utiliza a la Guardia Civil para hacerse fotografías, pronunciar discursos grandilocuentes y fingir un respaldo que después desaparece en cuanto se apagan las cámaras.
Porque mientras desde los atriles se habla de “servidores públicos ejemplares”, “héroes” o “compromiso con la seguridad”, la realidad en las costas andaluzas es radicalmente distinta. Allí los guardias civiles llevan años enfrentándose prácticamente solos a organizaciones criminales cada vez más violentas, más ricas y más sofisticadas. Narcolanchas de última generación, mafias perfectamente organizadas y delincuentes que cuentan con medios tecnológicos y logísticos muy superiores a los de quienes intentan detenerlos.
Y frente a eso, ¿qué ofrece el Gobierno? Discursos vacíos, propaganda institucional y abandono.
No hay suficientes medios materiales. No hay suficientes efectivos humanos. No hay protección adecuada. No hay una estrategia que transmita la sensación de que el Estado está verdaderamente dispuesto a recuperar el control de unas costas donde el narcotráfico se ha convertido desde hace tiempo en una amenaza estructural.
Eso sí: cuando ocurre una tragedia, todos aparecen rápidamente para colocarse detrás de un micrófono y repetir las mismas frases huecas de siempre.
La indignación alcanzó un nuevo límite con las palabras de María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, cuando calificó como “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles asesinados en Barbate mientras combatían a las narcolanchas. Una expresión que provocó estupor, rabia y un rechazo inmediato en buena parte de la sociedad.
Porque no se trató únicamente de un error semántico. Lo grave fue lo que reflejaba esa frase: una visión burocrática y deshumanizada del sacrificio de quienes se juegan la vida contra el narcotráfico. Como si morir aplastados por una narcolancha fuera comparable a una incidencia administrativa cualquiera. Como si detrás no hubiera familias destrozadas, compañeros hundidos y una sensación generalizada de abandono institucional.
El escándalo fue de tal magnitud que Montero tuvo que recular públicamente. Pero ni siquiera entonces fue capaz de pedir perdón con claridad. Otra vez la política entendida como cálculo, como control de daños y como estrategia de comunicación.
Y en medio de todo esto sigue planeando una de las decisiones más polémicas e incomprensibles de los últimos años: el desmantelamiento del OCON-Sur. Aquel grupo de élite de la Guardia Civil especializado en la lucha contra el narcotráfico que estaba obteniendo resultados importantes contra las organizaciones criminales asentadas en el sur de España.
La pregunta sigue siendo inevitable: ¿por qué se desmanteló un grupo que funcionaba?
Durante años han circulado hipótesis, sospechas y versiones que apuntan a presiones políticas y diplomáticas relacionadas con Marruecos. Un país cuya relación con el narcotráfico internacional lleva décadas generando preocupación en distintos ámbitos de seguridad. Aunque nunca se ha demostrado oficialmente esa vinculación directa con la decisión política, la sombra de esa sospecha continúa presente precisamente porque jamás se ofreció una explicación convincente sobre por qué se eliminó una unidad que estaba golpeando con eficacia a las mafias.
Y cuanto más se deteriora la situación en el Estrecho, más incomprensible parece aquella decisión.
El problema es que la ciudadanía ya no cree en las explicaciones oficiales. Y no cree porque lleva demasiado tiempo escuchando una cosa y viendo la contraria. Porque el mismo Gobierno que habla constantemente de proteger a las fuerzas de seguridad permite que muchos agentes trabajen en condiciones indignas frente a delincuentes cada vez más peligrosos.
Tampoco ayuda el comportamiento institucional posterior. Ni el ministro Marlaska ni otros representantes destacados del Gobierno estuvieron presentes en funerales marcados por el dolor y la indignación. Después sorprende que existan abucheos o rechazo cuando intentan aparecer públicamente en actos relacionados con la Guardia Civil. Pero el respeto no se exige. El respeto se gana. Y es muy difícil exigir reconocimiento emocional cuando durante años se ha transmitido una sensación permanente de distancia, frialdad y abandono.
Lo más preocupante es que este patrón ya no se limita únicamente al asunto de la seguridad o del narcotráfico. Se ha convertido en una forma de hacer política basada en negar una cosa para terminar haciendo exactamente la contraria. Los indultos a los responsables del procés después de prometer que jamás llegarían. La amnistía convertida en moneda de negociación tras haber sido descartada públicamente. Los pactos con Bildu negados una y otra vez antes de hacerse habituales. El feminismo utilizado como bandera política mientras estallan casos internos relacionados con comportamientos incompatibles con ese discurso.
Demasiadas contradicciones. Demasiadas mentiras. Demasiada propaganda.
Y mientras tanto, los ciudadanos asisten cansados a una política convertida en representación permanente, donde las palabras ya no significan nada y donde los principios parecen durar exactamente hasta el siguiente cálculo electoral.
Quizá por eso tanta gente ha llegado a un punto de saturación. Porque ya no se trata solo de ideología. Se trata de credibilidad. De honestidad. De coherencia. Y cuando un Gobierno convierte la contradicción en costumbre y el discurso moral en una herramienta propagandística, termina provocando exactamente lo que hoy siente una parte creciente de la sociedad: hastío.
Un hastío profundo ante tanta manipulación, tanto cinismo y tanta hipocresía que ya resulta, sencillamente, insoportable.
