El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla rechaza de manera rotunda y contundente las acusaciones vertidas por Coalición por Melilla (CpM) en relación con el contrato de “Supervisión de servicios y de información ambiental”. Los informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios competentes concluyen de forma clara que el procedimiento seguido cumple estrictamente con la legalidad vigente y con todos los principios que rigen la contratación pública.
Frente a las afirmaciones interesadas de CpM, los técnicos municipales acreditan que no existe vulneración alguna de la Ley de Contratos del Sector Público, ni irregularidad en la tramitación, ni restricción de la concurrencia. El expediente se diseñó conforme a criterios técnicos justificados, con plena motivación administrativa y atendiendo al interés general, descartando cualquier interpretación tendenciosa sobre un supuesto “diseño a medida”.
Asimismo, se desmiente categóricamente que la adjudicación se haya producido sin acreditar la solvencia exigida. Toda la documentación requerida fue presentada y validada conforme a los plazos y procedimientos establecidos, contando con los informes preceptivos y la supervisión de los órganos competentes. Las decisiones adoptadas en el seno de la Mesa de Contratación se ajustaron al marco normativo vigente, sin que exista delegación irregular ni actuación contraria a derecho.
En relación con la configuración del contrato, los informes técnicos justifican de forma expresa su estructura y alcance, cumpliendo con los requisitos legales en materia de división en lotes y motivación administrativa. No existe, por tanto, ni ambigüedad ni falta de unidad funcional, sino una planificación coherente con las necesidades del servicio público.
El Gobierno de Melilla condena que CpM recurra a afirmaciones graves y carentes de rigor técnico con el único objetivo de generar alarma pública y desgaste político. La referencia a actuaciones de órganos fiscalizadores se utiliza de forma sesgada, sin que ello implique en ningún caso la existencia de irregularidades, sino el funcionamiento ordinario de los mecanismos de control.
Por todo ello, el Ejecutivo local reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, y advierte de que no va a permitir que se difundan acusaciones infundadas que cuestionan injustificadamente la labor de los servicios técnicos y administrativos.
Resulta, además, llamativo que quienes hoy pretenden erigirse en garantes de la pulcritud administrativa estén incursos en procedimientos judiciales en curso relacionados con graves y presuntas irregularidades en su etapa de gobierno. La exigencia de responsabilidad y rigor debe ser coherente y aplicarse en primer lugar a uno mismo.
El Gobierno de la Ciudad continuará defendiendo la verdad, la legalidad y el interés general frente a cualquier intento de desinformación.
