El debate sobre el suministro de agua en Melilla ha dejado de ser únicamente una cuestión de gestión para convertirse, en las últimas semanas, en un nuevo frente de confrontación política. Las denuncias sobre cortes durante el Ramadán han sido planteadas en un marco que trasciende lo técnico y entra de lleno en el terreno identitario. Y ahí es donde surge el verdadero problema: cuando un servicio básico se convierte en herramienta de polarización, el riesgo para la convivencia es evidente.
Nadie discute que el agua es un asunto capital. Si hay interrupciones, deben explicarse; si existen deficiencias estructurales, deben corregirse. La crítica política forma parte del juego democrático. Pero otra cosa muy distinta es envolver ese debate en un discurso que sugiere agravios colectivos vinculados a la religión. Introducir comparaciones implícitas entre cómo se gestionan distintas festividades religiosas o insinuar que existe un trato diferenciado supone deslizar el foco desde la gestión hacia la identidad.
Melilla no es una ciudad cualquiera. Su pluralidad cultural y religiosa es una realidad consolidada durante décadas. Precisamente por eso, la responsabilidad de quienes intervienen en el debate público es mayor. Jugar con la percepción de que existen ciudadanos de primera y de segunda en función de sus creencias puede generar titulares, pero erosiona un equilibrio social que ha costado mucho construir.
Lo preocupante es que esta dinámica no surge en el vacío. En el ámbito nacional, la política española lleva años instalada en la lógica de bloques. La tensión permanente, el discurso del “ellos contra nosotros” y la construcción de muros simbólicos han sustituido en demasiadas ocasiones al debate sosegado. No es un fenómeno nuevo. Ya en su día, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una estrategia de confrontación que reabrió debates históricos con una intensidad que muchos creían superada. Aquella etapa marcó un punto de inflexión en la forma de entender la disputa política.
Posteriormente, con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, la dinámica de polarización no se ha atenuado. Al contrario, el lenguaje político ha incorporado con naturalidad la idea de bloques enfrentados. Cuando desde la tribuna del Congreso se habla de levantar muros políticos frente al adversario ideológico, el mensaje que cala es que la división es una herramienta legítima de acción política. Ese clima termina filtrándose a todos los niveles institucionales y territoriales.
En ese contexto, trasladar al debate local el suministro de agua durante el Ramadán como símbolo de un supuesto agravio colectivo encaja demasiado bien en esa estrategia de polarización. Se deja de discutir sobre planificación hidráulica, inversiones o coordinación técnica y se pasa a hablar de identidades. El problema ya no es la tubería que falla, sino el relato que se construye en torno a quién resulta afectado.
La cuestión es si ese camino beneficia realmente a la ciudad. Melilla necesita soluciones estructurales al problema del agua, no marcos discursivos que fragmenten a su población. Necesita que gobierno y oposición confronten datos, propuestas y calendarios de actuación, no que conviertan cada incidencia en un episodio más de la política de bloques.
El recurso a organizaciones juveniles o a declaraciones periféricas para elevar el tono tampoco es casual. Permite intensificar el mensaje sin asumir de forma directa todo el coste institucional. Pero la ciudadanía percibe la intencionalidad cuando el debate se formula en términos identitarios. Y esa percepción alimenta la desconfianza.
La convivencia melillense no es un eslogan vacío. Es una práctica diaria que se sostiene sobre la normalidad con la que se viven las distintas tradiciones religiosas en un mismo espacio urbano. Convertir el Ramadán —o cualquier otra celebración— en eje de confrontación política es un error estratégico y, sobre todo, un riesgo social.
Criticar la gestión del agua es legítimo y necesario. Pero hacerlo sugiriendo fracturas religiosas introduce una variable que Melilla no necesita. En tiempos de polarización nacional, la responsabilidad local debería ser precisamente la contraria: rebajar el tono, centrar el debate en soluciones y evitar que la política de bloques termine contaminando la convivencia real de la ciudad.
