Melilla tiene bastantes problemas, como la frontera, la aduana, la pérdida de la bonificación a la Seguridad Social y tantos otros en una ciudad cuya renta per cápita se sitúa a la cola de España según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta capacidad de poder adquisitivo incide directamente en otro de los grandes déficits que tiene la ciudad autónoma como es la escasez de viviendas. En una ciudad de apenas 12 kilómetros cuadrados, donde el espacio para la construcción es limitado, los precios se disparan, lo que provoca que muchos ciudadanos no puedan hacer frente no ya a la compra, sino incluso al alquiler, si no se trata de viviendas sociales.
Este martes, el consejero de Fomento, Miguel Marín, culpó al Gobierno central -que tiene las mayores competencias en este campo- de no haber creado “ni una sola vivienda de protección oficial” en los últimos siete años, desde que Pedro Sánchez es presidente.
Al consejero le da la sensación, y así lo manifestó durante la Comisión de Comunidades Autónomas celebrada en el Senado, de desinterés por parte del PSOE, como prueba, en su opinión, la ausencia en el foro de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y de los consejeros socialistas de las Comunidades Autónomas gobernadas por ellos.
Frente a ello, opuso las 1.795 viviendas construidas durante los años del PP en el Gobierno central, con José María Aznar y Mariano Rajoy como presidentes. Además, resaltó la labor del Ejecutivo autonómico, que en 2025 proyecta construir cuatro nuevas promociones con un total de 68 viviendas.
Lo que está claro es que la situación de la vivienda en Melilla es precaria y quienes más lo sufren son los jóvenes, que se ven incapaces de independizarse, y, como sucede en estos casos, las familias con menos recursos.
Marín afirmó que la Ciudad Autónoma, dentro de sus posibilidades, seguirá impulsando nuevas promociones y “apoyando a quienes más lo necesitan mientras estas viviendas llegan”.
Sería conveniente que el Gobierno central tomata nota y arrimara el hombro para resolver un problema que, en esta ocasión, y contra lo que pueda esgrimir con la frontera o la aduana, nada tiene que ver con Marruecos.
