El Partido Popular de Melilla continúa a la espera de que la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático dé tramite a la enmienda presentada por su grupo parlamentario en el Congreso para que se elimine el pago de la llamada tasa verde a los barcos que operan con la ciudad. La iniciativa se registró en octubre de 2024 y sigue a la espera de ser debatida y, en su caso, introducida en la ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Los populares consideran que Melilla, junto con Ceuta, reúne los requisitos exigibles para poder quedar exenta del pago de la tasa hasta 2030 cuando que carece "de ningú enlace por carretera o ferrocarril con el continente europeo", además de disponer de una población inferior a los 200.000 habitantes permanentes y tener un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro de la Unión Europea.
La directiva europea que regula el asunto deja claro que "los territorios exentos deben ser notificados por el Estado miembro a la Comisión Europea y ésta los publicará en el Diario Oficial de la UE", si bien España no incluyó bajo la excepción temporal a las dos ciudades autónomas en el norte de África.
El Grupo Parlamentario Popular, antes de presentar la enmienda, ya logró incorporar al informe de la Ponencia del Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con la enmienda aprobada a instancias del PP pasará a tipo 0. En concreto, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las Pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias. "El resto de países de la Unión Europa no lo tiene lo que hace que nuestra industria sea menos competitiva", apuntó la diputada Sofía Acedo al respecto,.
Esta iniciativa ha salido adelante a través de una enmienda transaccional del PP y Junts en la que se establece su aplicación, siempre y cuando no haya déficit de tarifa, como hemos sufrido hasta hace unos años, debido a la errática política energética del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Se trata de un "éxito parlamentario" impulsado por el Grupo Popular, cuya entrada en vigor permitirá bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y a las empresas, algo que los populares "venimos demandado desde el mes de septiembre del año 2018", añade.
Esta iniciativa ha contado además con el respaldo de Vox, ERC y PNV. Todo ello, pese al intento del PSOE y Sumar de forzar la suspensión de la reunión de la Ponencia para "intentar evitar otra clamorosa derrota parlamentaria" del Gobierno de Sánchez, que "ha sido desactivada por la negativa de la mayoría de los grupos a instancias del PP". Asimismo, también se aprobó otra enmienda que favorece la continuidad de la industria de cogeneración.
Estas dos iniciativas, tanto la suspensión del 7% del impuesto de la producción eléctrica como el apoyo a la industria de la cogeneración, forman parte de las propuestas para un pacto energético que proteja a familias y empresas, el "plan energético de Feijóo" remitido a Moncloa el 12 de septiembre de 2022.
El grupo popular espera que, ante esta "nueva derrota", que "evidencia la debilidad extrema" del Gobierno en el Congreso y la "ausencia de una mayoría sólida para legislar, el PSOE y Sumar no intenten maniobrar, como han hecho en otras ocasiones, para bloquear la convocatoria de la Comisión e impedir que el informe que incorpora dichas enmiendas vea la luz".
