Por la concesión que se ha realizado para la gestión del Campo de Golf. El PPL protagonizó ayer el debate más duro de cuantos se sucedieron en el Pleno de Control. Sus intervenciones fueron directas e implacables contra el Gobierno local, al que acusó de realizar obras sin medir su utilidad hasta llevar a cabo una política de gasto público sin criterios previamente definidos e incluso incurriendo en la ilegalidad. En dicho sentido se expresó el diputado local por Populares en Libertad, Julio Liarte, quien tachó al Ejecutivo melillense de incurrir en una ilegalidad al haber dejado, según dijo, “en manos de un particular” la gestión de tributos, por el sistema de gestión que se está llevando a cabo en el Campo de Golf de la Ciudad, como se sabe gestionado por el Club de Golf Melilla.
Asimismo, Julio Liarte catalogó los convenios de publicidad suscritos por el Ejecutivo Imbroda con los medios locales como una “manifiesta ilegalidad”, al tiempo que demandó que los anuncios institucionales de la Ciudad Autónoma se adjudicaran mediante contrato administrativo y concurso público, lo que, señaló, obligaría a firmarlos con un sólo medio en contra de la política actual de “café para todos”, con la que, según dijo, el Gobierno Imbroda se asegura un aparato de propaganda a su favor.
Frente a sus críticas, el vicepresidente primero del Gobierno local y actual consejero de Deporte, Miguel Marín, negó que se esté incurriendo en alguna ilegalidad con el Campo de Golf y dijo que su sistema de gestión y pago de tasas por su uso es similar al que lleva a cabo la Federación de Padel, que como el Club de Golf de Melilla son entidades privadas.
Asimismo, por parte del vicepresidente segundo, Abdelmalik El Barkani, se subrayaron los 'peros' que se derivarían de la propuesta del PPL respecto de los medios de comunicación, pues si se llevara a efecto “finalmente sólo quedaría un medio de comunicación, se establecería un monopolio, se destruirían puestos de trabajo y nuevamente nos acusarían de fomentar una opinión mediática favorable al Gobierno de la Ciudad”.
El debate con el PPL se sucedió en el marco de un turno de siete preguntas presentadas por este grupo en el que Rosa Cuevas volvió a cuestionar la contratación de Mimón Mehamed como monitor del Instituto de las Culturas, por considerar que un excargo condenado hace años a doce meses de prisión por violencia de género no era válido para encarnar “los valores de respeto” que deben primar en nuestra Democracia.
La intervención de Rosa Cuevas propició la defensa de Mimón Mehamed por parte del presidente Imbroda, quien se preguntó si el PPL pretendía un “linchamiento público a una persona con derecho a reinsertarse tras cometer un fallo en su vida”.
