Las palabras del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, contra los periodistas y las empresas periodísticas melillenses siguen teniendo repercusión en la ciudad, esta vez a raíz de la posición expresada por la Asociación de Prensa de Melilla, una organización centenaria en la ciudad y una de cuyas labores es defender la labor de los profesionales frente a las agresiones verbales de las que son objeto.
Esta asociación, como es lógico, ha dejado de manifiesto su rechazo al comentario del secretario de Estado. Éste hizo alusión a la publicidad institucional que debe hacer la Ciudad Autónoma como una "posible razón sobre una falta de inversión del Ejecutivo Local en aspectos sanitarios". No pasa por alto el hecho de que definiera a los medios como "afines" al Gobierno, una visión que, como bien dice la Asociación de la Prensa, no solo es errónea e insultante, sino también rancia.
Hay que recordarle a todo el mundo que la publicidad institucional no solo es legal sino también obligatoria tanto en Melilla, como en España y en toda la Unión Europea. Los medios se limitan a ofrecen sus servicios de promoción a través de las plataformas escritas, radiadas, televisadas o digitales. Y razona esta entidad profesional que no por tener publicidad institucional, ni periodistas ni empresas obligatoriamente sean cercanos o análogos ideológicamente al Gobierno que ofrece el contrato publicitario.
Padilla dijo en su desafortunada e impertinente intervención que el Ejecutivo melillense gasta 2 millones de euros al año en esa publicidad institucional que, en su opinión, reparte entre los "medios afines". Pues debe de saber el secretario de Estado que, según sus propias cifras, la partida presupuestaria apenas si representa el 0,6% del total del dinero del que dispone la Ciudad Autónoma con carácter anual.
Coincidimos con la Asociación de la Prensa en que se trata de una cantidad ínfima para que un visitante, al que se le debe exigir respeto y altura institucional, la use como arma arrojadiza contra los periodistas, y las empresas en las que trabajan.
"Hemos conseguido en los últimos años, con paciencia y empatía, que políticos y periodistas nos conozcamos mejor evitando errores o malos entendidos. Estamos orgullosos por haber conseguido entre todos ese equilibrio profesional, para que un foráneo venga a emitir falacias gratuitas con el fin de hacer daño u obtener un rédito político. Pedimos por tanto que algo así no vuelva a ocurrir, porque los medios de comunicación y los periodistas que desarrollan su trabajo en Melilla no merecen ser atacados de esta forma", señala el comunicado que hizo público el presidente de la APM, José María Navarro.
El Faro está muy de acuerdo con la postura expresada por esta organización, que ha recogido el malestar suscitado entre los periodistas ya no solo por insinuar que la prensa melillense "está comprada" por el Gobierno autonómico, sino por los comentarios despectivos y maliciosos realizados en privado respecto a algunos medios, entre los que figuraba, en concreto, este periódico.
No es de extrañar tampoco la actitud del secretario de Estado si tenemos en cuenta que el Gobierno de Sánchez tiene la clara intención de machacar en la medida de sus posibilidades a toda la prensa crítica con él ("pseudomedios, dice") y, fundamentalmente, con las oscuras laborales empresariales de su mujer, Begoña Gómez, actualmente bajo investigación judicial.
