Hace aproximadamente un mes, un juez de lo Contencioso-Administrativo dictaminó que debía suspenderse parte de un proceso selectivo para el cuerpo de bomberos en Melilla del año 2017 porque hubo irregularidades en el tribunal que, según falla la sentencia, benefició a la única mujer que tiene plaza en el servicio de extinción de incendios de la Ciudad Autónoma.
De ahí que el magistrado optara por ordenar la repetición de la prueba psicotécnica que, según el texto de la resolución, calificó como "apta" a esa candidata después de haber quedado fuera como "no apta" y de que el tribunal, presidido por una amiga íntima de aspirante, decidiera variar los criterios de evaluación.
En definitiva, una irregularidad que puso el acento en la decisión de la presidenta del tribunal, que menoscababa los derechos de los cinco candidatos que recurrieron la decisión y que recientemente obtenían el respaldo del citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla. Se está ahora a la espera de que el Consejo de Gobierno decida si se recurre o no la citada sentencia, así como de conocer cuáles son los razonamientos jurídicos que utilizará en el caso de que opte por mantener vivo el litigio.
Ayer supimos, además, que en las oposiciones para la Policía Local de 2021 hubo otro conflicto que también ha terminado en los tribunales. Se trata de que uno de los candidatos tenían antecedentes penales por delito doloso en el momento de solicitar su inscripción en las pruebas, algo que, según la Justicia, contravenía lo dispuesto en las bases de la convocatoria.
La conclusión, el joven deberá abandonar su plaza como funcionario de carrera, puesto que será ocupado por el siguiente en la lista y recurrente, que acudió a la Justicia de la mano del abogado melillense Elías Benhamú.
De todos modos, no es la primera vez que se hacen públicos este tipo de irregularidades en procesos selectivos, habitualmente circunscritos a la Policía Local. En los últimos años, El Faro se ha hecho eco de varias sentencias favorables a los recurrentes, casi siempre referidas a las pruebas psicotécnicas en las que la calificación de apto o no apto tiene cierto halo de arbitrariedad y de subjetivismo.
El caso es que también en estos días, Vox ha hecho llegar cuatro preguntas al Gobierno desde el Congreso de los Diputados para que explique ciertas irregularidades que presuntamente se habrían cometido en los tribunales para las pruebas de docentes en Melilla. A la espera de conocer cuál será la respuesta del Ministerio, lo cierto y verdad es que este tipo de cuestiones crean alarma social y refuerza la idea de muchos ciudadanos en cuanto a que obtener una plaza pública debe ir acompañado de "tener un padrino", según establece el lenguaje popular.
Dadas estas circunstancias no está de más recordar a las administraciones que el acceso a la función pública debe responder a los principios de igualdad, mérito y capacidad, que los aspirantes a ocupar esas vacantes merecen respeto y garantías de que los procesos de selección son transparentes, que las reglas de juego se aplican a todos en la misma proporción y que se respetan las leyes que rigen este tipo de acciones administrativas.
