Este viernes, ha tenido lugar la celebración de un pleno extraordinario en el que se ha aprobado la continuidad del servicio de explotación de la residencia de estudiantes y deportistas de la ciudad. El asunto ha sido presentado por la comisión permanente de Educación, Juventud y Deportes y ha sido el único punto del día.
La propuesta ha salido adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE), la abstención de Coalición por Melilla (CpM) y el voto en contra de Vox.
Como viene siendo habitual, el pleno comenzó guardando un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género con todos los diputados en pie.
A continuación, la Secretaría General de la Asamblea explicó que a pesar de que "el expediente no ha costado de las garantías necesarias para entender que se ajusta el derecho", esta opinión no es vinculante como sí lo son el informe del secretario técnico de Hacienda y de Intervención.
Según aclaró el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, el contrato ya tuvo una prórroga de servicio, pero ante la necesidad de llevar a cabo una serie de mejoras en el inmueble, se plantea que esta nueva prórroga lleve aparejada la obra y el mantenimiento.
Estas posibles irregularidades administrativas suscitaron las críticas de Coalición por Melilla (CpM), que cree que la falta de adecuación no justifica la continuidad del servicio razón por la cual explicaron que su voto no iba a ser favorable.
Todo lo contrario a lo que opinó el PSOE, que aunque si bien es cierto reprocha que se podría haber licitado de forma más adecuada el contrato puesto que ha habido tiempo suficiente, sí cree que haya una necesidad. La portavoz socialista, Elena Fernández Treviño, espera que las obras no afecten a los puestos de trabajo y que no se paralice la explotación del servicio, tal y como han manifestado en otras ocasiones.
Para ello, desde Vox solicitan que las actuaciones se hagan de forma parcial y al igual que los socialistas, manteniendo a los trabajadores. Aún así, José Miguel Tasende aclaró que su voto iba a ser en contra, ya que cree que la actividad administrativa tiene que estar escrupulosamente en la legalidad.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Amín Azmani, volvió a incidir en la falta de planificación del Gobierno y señaló que "de nuevo estamos ante un contrato puente". Aunque explicó que en un principio iba a votar a favor porque coincide en la necesidad de este servicio esencial, la falta de diligencias administrativas constatadas y las irregularidades hicieron que se abstuviera.
Al término del debate, Imbroda reconoció "la torpeza" administrativa aunque ha reiterado que esta solución permite no crear un problema mayor, ya que no haber aprobado esta prórroga habría supuesto que más de 30 personas y 70 alumnos se hubieran quedado en la calle. El presidente de la Ciudad Autónoma ha dado a los departamentos correspondientes cuatro meses para tener el pliego definitivo.
