La fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, destaca en el decreto de archivo de la investigación por las 23 muertes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio la necesidad de que España garantice el derecho al asilo de los refugiados en sus países de origen.
En este sentido, recuerda a los Ministerios implicados su obligación de garantizar que los inmigrantes tengan "posibilidades reales" de solicitar legalmente visado, protección internacional o asilo.
Hay que garantizar que lo puedan hacer en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, "a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido", recalca en su escrito.
Asimismo, recuerda la fiscal que la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y son merecedoras de protección internacional.
"Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto", insiste.
La fiscal de Extranjería abrió su investigación el pasado 28 de junio y durante seis meses, explica el Ministerio Público, se han practicado diversas diligencias, desde inspecciones oculares y toma de declaración a inmigrantes y agentes al análisis de informes, material videográfico y audios de lo ocurrido aquel 24 de junio.
Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas, resalta, son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; y solo Marruecos dispone de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, heridos, etc).
Actuación hostil
En su investigación, la Fiscalía ha constatado que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue "hostil y violenta", tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles".
De las diligencias practicadas, asegura, no puede concluirse que la actuación de los agentes que intervinieron incrementara el riesgo para la vida e integridad física de las personas que intentaban saltar la valla, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.
Según apunta, ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento "de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias", por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso de haberlo sabido, añade, no podrían habérselo prestado "sin riesgo propio".
La Fiscalía tampoco cuestiona los 470 rechazos en frontera, en los que según el Defensor del Pueblo no se respetaron "las garantías legales nacionales e internacionales"
Según el decreto, los guardias civiles que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española".
