El compromiso del diputado Antonio Gutiérrez de reiterar en el Congreso la proposición no de ley tendente a otorgar a los docentes la categoría de autoridad pública, viene como anillo al dedo tras lo sucedido en el Colegio Público España.
El juicio de faltas con el que pretendió resolverse los insultos y la agresión a una maestra del mismo centro educativo da cuenta de que las ínfimas condenas que se derivan para los agresores no son suficientes para disuadir a los condenados de prácticas como las denunciadas. De hecho, la misma maestra sigue sufriendo la intimidación y vejación por parte de unos padres contrarios a acatar las normas del mismo colegio.
En nuestra ciudad y en Ceuta la educación pública sigue dependiendo del Ministerio de Educación. Son los dos únicos territorios de la geografía española que están sujetos directamente al ME. En otras comunidades, como Madrid, Valencia o Barcelona, el problema se ha resuelto con una normativa propia de la comunidad autónoma.
Por tanto, ante la inacción del ME en lo que a Melilla y Ceuta respecta y ante la dimensión del problema, que también se sucede en otros lugares de España, lo lógico es que se dice una ley nacional que sirva de protección a los docentes. Esperemos que esta vez la propuesta de Gutiérrez sí goce del apoyo del PSOE.
