Presentó el recurso el pasado viernes y afirma que la actuación del presidente de la Ciudad fue con “desprecio al respeto a la ley”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó el pasado viernes el recurso en contra del auto de archivo de la causa seguida contra el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, por el ‘Caso Abogados’. El fiscal considera que la actuación del mandatario melillense fue con “absoluto desprecio al respeto a la ley”, ve indicios “delictivos” en la contratación de un abogado externo a la Administración local, por lo que considera que debe continuarse la instrucción del caso. “El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, recalca el fiscal en su recurso.
Cabe recordar que la pasada semana el magistrado Francisco Monterde archivó la causa al considerar que la actuación de Imbroda en este caso no implicaba una responsabilidad penal. La Asociación Libre de Abogados de Melilla (ALA) comunicó a El Faro que estaban estudiando la presentación de un recurso en contra del archivo, si bien lamentó que no se le hubiera citado como acusación popular. La misma Sala de lo Penal del Supremo admitió la personación en el caso de ALA junto con Manos Limpias dos días antes de la declaración de Imbroda ante el juez el pasado 11 de marzo. Sin embargo, el magistrado Monterde no comunicó hasta hace unos días a ALA la fianza que debía depositar para personarse en la causa como acusación popular.
Mientras tanto, el Ministerio Fiscal ha presentado el recurso en contra del archivo del caso, recordando que la causa contra Imbroda es sólo una pieza separada de la investigación en curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, conocido como el ‘Caso Abogados’. “El presente caso no es más que uno de los investigados en varios juzgados, de manera que tan sólo tres de los diez miembros del Consejo de Gobierno de la Ciudad no están implicados en procedimientos judiciales. En los juzgados se investigan causas relacionadas con contratos irregulares concedidos a empresas de seguridad, de concesión de licencias de submarinismo, de financiación a la prensa local, relacionadas con el campo de golf, además de la contratación de abogados externos”.
El fiscal considera que la contratación del abogado Juan Jesús Olivares, para afrontar las reclamaciones por los despidos de las cooperativas de trabajo dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, se hizo sin cumplir “ninguno de los trámites en la contratación exigidos por la normativa administrativa: Ni por el órgano competente, sin informe de la necesidad de la prestación del servicio jurídico, sin informe sobre las razones por las cuales el mismo no podía ser prestado por los abogados de la Ciudad Autónoma, sin expediente alguno de contratación ni objeciones algunas a los pagos”.
Contrato administrativo
El Ministerio Fiscal no creyó las explicaciones dadas por Imbroda sobre la naturaleza del contrato realizado al letrado, es decir, un contrato de naturaleza civil de arrendamiento de servicios. El fiscal considera que la contratación es de carácter administrativo y, por ello, tuvo que seguir los cauces correspondientes. Además, en el recurso el fiscal alega que Imbroda era consciente de lo que hacía y firmaba: “Cuando ordena pagar, el aforado lleva ya varios años de alcalde del Ayuntamiento, sabe perfectamente, o debe saber, cómo debe funcionar una Administración pública, en la que el dinero no se puede manejar como si fuera propio. Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos, de manera que se garantice que el dinero no se va a derrochar o no se va a utilizar de manera irregular o ilícita. Por el contrario, aquí es la voluntad del alcalde, soslayando las obligaciones legales y el procedimiento administrativo, la que determina cómo se debe disponer del dinero. Eso sí, alegando luego que no sabía ni nadie le advirtió que había nada irregular”.
Por tanto, el fiscal considera que la instrucción del caso debe continuar, al menos, para practicar algunas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En este sentido, destaca, por ejemplo, la posible comparecencia de la persona que designó al abogado en cuestión, es decir, el consejero de Medio Ambiente en aquellos años. Cabe recordar que el trabajo del abogado con el asunto de las cooperativas alcanzó un coste superior a los 700.000 euros, aunque el letrado condonó cerca de 400.000 euros.
