Aseguran que no consta la documentación relativa al trámite seguido en base al Acuerdo del 92.
Los abogados de las entidades querellantes, Coalición por Melilla (CpM) y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) informaron ayer a El Faro que recurrirán el auto dictado por el juez García Gutiérrez, titular del Juzgado de Instrucción número 5, que ordena el archivo y sobreseimiento del caso de la devolución de 21 inmigrantes que entraron en Melilla en dos coches ‘kamikaces’ en febrero de 2013.
Por una parte, el abogado de CpM, Rachid Mohamed, aseguró que el juez “se equivoca profundamente en la interpretación del Derecho de Extranjería”. Explica que el auto viene a reconocer que “a los extranjeros a quienes se les aplica el Acuerdo del 92 no tienen ningún tipo de derechos ni protección constitucional. Ello supone un atentado a los derechos más elementales”.
Por otra parte, Mohamed aseguró que en el procedimiento judicial “no consta ningún documento oficial que acredite que se aplicó el Acuerdo del 92”. “No hay ningún documento oficial de los que se exigen en el Acuerdo”, insistió el letrado.
De hecho, el juez únicamente destaca en el auto que es la devolución de los nueve inmigrantes que entraron por Beni Enzar la que está completamente documentada. El trámite lo realizó la Jefatura Superior de Policía de Melilla y autorizado por el Juzgado de Instrucción número 3, según deja constancia el juez García Gutiérrez en su resolución.
Por último, el abogado que representa a CpM criticó que el archivo de la causa se base únicamente “en la declaración exculpatoria de los propios imputados”, es decir, el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el comandante de la Guardia Civil, Arturo Ortega Navas.
El coronel y jefe de la Comandancia de la Benemérita, Ambrosio Martín Villaseñor, estuvo también imputado en la causa, pero después pasó a ser únicamente testigo, pues los días de los hechos no estaba al frente de la Comandancia sino su segundo, Ortega Navas, lo que le valió la imputación, según la resolución dictada por el juez el pasado mes de agosto.
Por su parte, el abogado en representación de Prodein, José Alonso, calificó de “esperpento” la argumentación del juez en el auto sobre el caso de los inmigrantes ‘kamikaces’.
Dijo estar “totalmente disconforme” con la resolución y especialmente con el razonamiento del juez que incluso, afirmó, puede ser “peligroso para la vida en Melilla”. “Afirma que como Marruecos no reconoce la soberanía española de Melilla se puede soslayar la ley. Es esperpéntico. Poco menos hay que pedir permiso a Marruecos para aplicar la ley española en Melilla”, apostilló Alonso.
El letrado insistió en que los imputados “conocían la ilegalidad” que se estaba cometiendo en la devolución de estos inmigrantes “soslayando” así la ley española. Para Alonso se vulneraron derechos que “afectan a la libertad de estas personas” y, además, se obviaron los posibles delitos en los que los inmigrantes pudieron incurrir al entrar violentamente por la frontera en dos coches, afectando a las instalaciones fronterizas, causando daños y atropellando a dos policías nacionales y, en definitiva, poniendo en peligro la seguridad vial.
