Ningún gobierno tiene una varita mágica para crear empleo. La situación económica y la marcha del empleo depende de muchísimos factores, de los cuales, en un mundo tan globalizado e interconectado como el nuestro, no pocos son externos. Lo que sí es responsabilidad de un gobierno, lo que sí puede y debe hacer un Ejecutivo que se preocupe por la ciudadanía, por impulsar la creación de empleo y por la buena marcha del país, es implementar políticas, leyes y medidas que ayuden a empresas, autónomos y trabajadores, crear ayudas e iniciativas para el desarrollo económico y social, llevar a cabo inversiones, poner en marcha políticas activas de empleo, favorecer el emprendimiento, incentivar la economía… Esto es aplicable a cualquier país, a cualquier rincón del mundo pero en ciudades como la nuestra, por sus especificidades y su idiosincrasia, el papel del Estado es aún mayor en la buena marcha de la economía y el empleo. La vorágine de noticias diarias y el paso de tiempo puede que haya hecho olvidar a algunos ciudadanos lo que sucedió en este país y en esta ciudad hace apenas una década, pero para comparar modelos, para saber qué medidas se toman en España en función del color político del Gobierno, basta recordar qué es lo que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia económica y de empleo. La Reforma Laboral que el PP impuso en 2012 se tradujo en el abaratamiento de los despidos, en la bajada de los sueldos, y abrió la puerta a contratos más cortos y a mayores tasas de temporalidad. El resultado fue un ingente aumento del desempleo, al tiempo que se generaba una enorme inestabilidad y precariedad laboral entre los que sí conservaron su puesto de trabajo. No sólo eso; muchas de las personas que conseguían acceder a un puesto de trabajo, padecieron pobreza laboral, debido a los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. La precariedad también fue la firma del PP en el empleo público. Los profesionales sanitarios de Melilla pueden dar buena prueba de ello, podían llegar a acumular hasta 20 contratos en un solo mes, ya que los populares hacían a estos profesionales de la bolsa de trabajo del Ingesa contratos de dos o tres días para evitar que tener que pagarles los descansos. En educación elevaron la ratio de alumnos por aula para contratar a menos docentes, se aumentó la jornada lectiva a los profesionales de la enseñanza, se dejaron de cubrir las jubilaciones y de convocar oposiciones y se pusieron trabas a las sustituciones por baja. Mientras, en el ámbito de la seguridad, durante los siete años de Gobierno del PP, en España se perdieron 13.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La fuerte reducción de empleados públicos se traduce en un peor servicio para la ciudadanía, pero también en un declive de la economía, porque una mayor tasa de desempleo implica una menor capacidad adquisitiva y, por tanto, redunda negativamente en el sector terciario, lo que genera el cierre de locales y comercios, y, en definitiva, de la propia economía. En fuertes épocas de crisis, muchas empresas se refugian en las inversiones públicas estatales. Con el Gobierno del PP, tampoco pudo ser: no invirtieron en ninguna infraestructura nueva en Melilla en todos los años de Gobierno de Rajoy y las que había en marcha, como el Hospital Universitario, el antiguo Mercado Central o el Centro de Autonomía Personal, las ralentizaron todo lo posible o incluso llegaron a paralizarlas. Para terminar de materializar la tormenta perfecta, las familias que perdían su trabajo o que no llegaban a fin de mes no pudieron recurrir a los abuelos: el PP condenó a nuestros pensionistas a una subida del 0,25% de sus pensiones indistintamente de cuanto subía el coste de la vida, empobreciéndoles año tras año, les impuso copagos y desfinanció más de 400 medicamentos. Podrán decirme que el PP tuvo que encarar una situación de crisis muy complicada. Y es verdad. Pero esta legislatura, con la pandemia del covid-19 y la guerra de Ucrania y sus consecuencias, también hemos tenido que afrontar unas enormes crisis, más complejas si cabe que la de hace una década, y, sin embargo, el modelo socialista para afrontar la situación ha sido diametralmente opuesto. El Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de abaratar los despidos, puso en marcha los ERTEs para salvar millones de puestos de trabajo, implementó prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos cuya actividad se vio afectada por la pandemia o un subsidio extraordinario para los que agotaron su prestación por desempleo durante el primer estado de alarma, al tiempo que dio liquidez a las empresas a través de las líneas ICO. No sólo eso; ha subido el salario mínimo interprofesional un 47% en cinco años hasta llegar a los 1.080 euros, ha incrementado hasta un 3,5% el salario de los empleados públicos, ha eliminado cargas fiscales a empresas y autónomos, ha llevado a cabo la mayor subida de las pensiones de la historia, ha creado un ingreso mínimo vital para acabar con la extrema pobreza, a materializado una reforma laboral que se ha implicado la reducción de la temporalidad a mínimos históricos y a nuestra ciudad han llegado más inversiones que en toda la etapa democrática. En nuestro país, hoy, superamos la cifra inédita de 20,6 millones de empleados y contamos con la cifra más baja de desempleo desde 2008, mientras que hay 1,2 millones de afiliados a la Seguridad Social más que antes de la pandemia. En Melilla, contamos con la cifra histórica de 25.114 afiliados a la Seguridad Social, la más alta en más de una década y los desempleados se reducen a 7.834 personas. Son 2.500 parados menos que cuando dejó el Gobierno el PP.