El secretario general de CCOO en Melilla, Francisco Veira, pidió ayer apoyo para los guardias civiles que desarrollan su labor en nuestra ciudad. Veira señaló que si realmente Melilla es la frontera sur de Europa, los agentes tendrían que recibir un trato mucho mejor. El sindicalista acusó al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, de ‘inhibirse’ de su responsabilidad en lo que se refiere a la petición de los guardias civiles de un protocolo de actuación para la devolución de inmigrantes.
Veira aseguró que El Barkani debería de apoyar la elaboración de este protocolo para que “desde el teniente coronel hasta el último guardia civil” sepan realmente cómo tienen que actuar cuando se produce una entrada de inmigrantes en Melilla.
El líder de CCOO recalcó que la elaboración de este protocolo evitaría problemas tanto para los propios inmigrantes como para los guardias civiles que en estos momentos se encuentran en muchas ocasiones ante situaciones en las que no saben bien cómo tienen que actuar.
Veira recordó que los agentes de la Guardia Civil “también son trabajadores” y que hay que proteger sus derechos como tales y culpó al delegado del Gobierno de no defenderlos en el desarrollo de su trabajo.
Hay que recordar que esta semana la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) anunció que tiene intención de presentar ante el fiscal general del Estado una petición para saber cómo deben actuar para respetar en todo momento la ley en la devolución de inmigrantes. Los agentes afirmaron que en muchas ocasiones no tenían claro cuál es procedimiento que tienen que seguir y si éste está o no amparado por la legalidad.
Un día después de la publicación de esta información, el delegado del Gobierno aseguró que no era necesario un protocolo e insistió en que la Guardia Civil y la Policía Nacional actúan siempre bajo la “legalidad”. El Barkani recalcó, como ya ha hecho en otras ocasiones, en que en nuestra ciudad no se producen expulsiones irregulares de inmigrantes cuando éstos ya han pisado suelo español. Sin embargo, varias ONG y partidos políticos han dudado en varias ocasiones de la legalidad de las llamadas ‘devoluciones en caliente’.
