El líder del partido en Melilla Emilio Guerra la considera una medida “propuesta justa, coherente y claramente regeneradora” para los tiempos de crisis que vive España
El coordinador melillense de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), informó ayer del envío de una carta por parte de su diputada y portavoz, Rosa Díez, a las mesas de Congreso y Senado al respecto del reglamento, aprobado en julio de 2006, que regula las pensiones y otras prestaciones a favor de los exparlamentarios.
A juicio del partido magenta, esta regulación sería necesaria si garantizara a los parlamentarios los mismos derechos que al resto de los españoles, pero no es así, porque “otorga derechos inalcanzables al común a los trabajadores”, como demuestra la comparación de las legislaciones aplicables a unos y otros. “Lo que no se puede extender al conjunto de los ciudadanos, cuando de derechos sociales se habla, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio para aquellos que lo disfrutan”, matizó Guerra.
“Un parlamentario español puede ver complementada su pensión de jubilación o incapacidad, con cargo a las Cortes Generales, hasta una cuantía equivalente la pensión máxima o cercana a ella sólo con haber sido parlamentario durante más de siete años. Pueden jubilarse a partir de los 60 años, si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y prejubilarse desde los 55 años, con derecho a cobrar un 60 por ciento de la asignación constitucional – en la actualidad 3.125,52 euros –, y a que se les mantenga de alta en la Seguridad Social cotizando hasta la edad de jubilación”, abundó.
Además, el Reglamento de las Cámaras, fija una indemnización a favor de los parlamentarios que hayan cesado en su actividad, de un mes de salario por cada año como Diputado o Senador hasta un máximo de 24 meses, pagadera mensualmente y compatible con el trabajo por cuenta propia y ajena.
Para finalizar, Guerra destacó que la carta de la líder de UPyD, ante la crisis económica que sufre el país, demanda tomar medidas decididas e inequívocas que restablezcan el principio de igualdad, pidiendo el cambio del citado Reglamento para que Diputados y Senadores sean “iguales al resto de los españoles”.
