La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, participó ayer en el primer Consejo Territorial de de Servicios Sociales y Dependencia celebrado este año, presidido por la ministra Ana Mato y con la presencia de los representantes del área sanitaria de todas las regiones españolas. La regulación de la Ley de la Dependencia fue el principal tema que se trató en este encuentro, que duró más de tres horas y en el que los representantes de todas las autonomías expusieron sus ideas para mejorar el actual sistema. Tras la reunión, la ministra ofreció una rueda de prensa en la que explicó los principales puntos de los acuerdos tomados en el encuentro de ayer Así, Mato anunció que se ha pactado la unificación de la normativa sobre las prestaciones del sistema de dependencia, para lograr que éste sea más ágil y homogéneo. Desde ahora, quedarán recogidos en un mismo decreto las disposiciones que regulan los servicios y prestaciones por grado de dependencia. Tanto los criterios para determinar el catálogo de dependencia, como las cuantías máximas de las prestaciones, la regulación de los traslados de beneficiarios entre autonomías, las incompatibilidades o el reintegro de prestaciones, se llevarán ahora a cabo de la misma forma en cualquier punto del país. También se regulará en esta norma única la prestación por cuidados dentro del entorno familiar. Asimismo, la ministra de Sanidad anunció que en un plazo máximo de seis meses se actualizará la base de datos, para que la información sobre dependencia sea más homogénea y fiable. El objetivo de estos cambios es proporcionar un modelo en el que se vigilará “cada euro invertido en dependencia”. El Ministerio pretende optimizar al máximo la inversión que realiza, tanto el Estado, como los Gobiernos autonómicos, en la gestión de estas ayudas a la dependencia. Por otra parte, Mato anunció que este mismo año se presentará el Plan de Acción para la Inclusión Social que pretende poner énfasis en el apoyo a los colectivos más vulnerables y centrarse en la lucha contra la pobreza infantil. Los ejes de este plan serán la defensa de la integración social, la garantía del ejercicio de los derechos sociales y la inserción laboral. Asimismo, en el Consejo Territorial también se estableció el reparto de los c´créditos para la ejecución de servicios sociales básicos y para el Plan de Desarrollo Gitano, que se distribuyen entre todas las autonomías. En el primer caso habrá un total de 27,5 millones de euros, que se reparten a través del Plan Concertado y en el segundo punto, se repartirán un total de 412.000 euros. No obstante, no especificó como se distribuirán estas cantidades.
