Una ley que lleva año y medio en el cajón de Armengol

Fue en el mes de marzo de 2024 cuando el grupo del Partido Popular presentó en el Senado una proposición de ley dirigida a blindar el régimen de la bonificación del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla. Es decir, hace año y medio que aquella norma, que salió adelante con la mayoría absoluta de los populares, entre otros, duerme el sueño de los justos guardada a buen recaudo en el cajón de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La triquiñuela parlamentaria que está utilizando la socialista para impedir el debate en la Cámara Baja es la sucesiva prórroga del plazo de presentación de enmiendas, tal y como ha denunciado en múltiples ocasiones la diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo.

Junto con esta proposición, otras dieciséis leyes más siguen bloqueadas en el Congreso. Y esas son únicamente aquellas que podrían salir adelante a juzgar por la votación que se produjo en el Senado; en realidad, el número de iniciativas presentadas por el grupo popular es de treinta y una.

Parece que el PP ha considerado que ha llegado a su límite de paciencia. No en vano, el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que van a presentar un "conflicto de atribuciones" del Senado ante el Tribunal Constitucional para desbloquear esas normas, una de las cuales beneficiaría enormemente a los empresarios y trabajadores melillenses. El motivo, que la bonificación a la Seguridad Social no solo se blindaría sino que, además, volvería a aplicarse tal y como se hacía en 2004: 50% de descuento para todos los contratos y reparto entre las dos partes de la cantidad bonificada.

Actualmente, esa bonificación tan solo se admite en el caso de los contratos indefinidos o aquellos que se formalizan por una baja médica. Por cierto, no existe reparto de cantidades entre patronal y empleados, lo cual provoca que los trabajadores afectados por la normativa impulsada por el PSOE dejan de percibir en su nómina entre 50 y 80 euros mensuales.

Lo cierto es que el PP llevaba tiempo planteándose la posibilidad de instar acciones judiciales por este asunto de la paralización del trámite en el Congreso de la ley aprobada en el Senado en marzo de 2024. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ya dijo en febrero pasado que se estaba "secuestrando la democracia" por parte de Armengol y que se estudiaría la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales.

Lo dijo aquí, en Melilla, en una comparecencia pública en que dejó de manifiesto cuál es el objetivo de la medida que presentó su partido. "Queremos hacer a estas tierras competitivas para la instalación de proyectos empresariales y las bonificaciones son un tema clave, fundamental, porque implican una ventaja competitiva que debe permitir a Ceuta y Melilla competir en el escenario territorial en el que se ubican".