Era cuestión de días que la polémica ocupara titulares, no solo a nivel local sino nacional e incluso internacional: qué va a pasar con los menores migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta y Melilla hace una semana. La última reforma de la Ley de Extranjería obliga a las comunidades autónomas a acoger a los menas procedentes de las zonas más tensionadas en cuanto a la presión migratoria de estos jóvenes y ahí surge el conflicto porque las distintas regiones, en su mayoría en manos del PP, están algo reacias a recibirlos. Es más, hay partidos como Junts y el PNV, ambos socios del Gobierno de Sánchez, que ya han dicho claramente que en modo alguno admitirán que lleguen estos chicos a Cataluña y el País Vasco, respectivamente.
El caso es que se está criticando que el Ejecutivo español se hubiese desocupado de proteger las fronteras de Ceuta y Melilla, a pesar de la invasión del año 2021, y ahora obligue a las comunidades a pagar los platos rotos de su propia negligencia en cuanto al control fronterizo. Es decir, no toma medidas para imposibilitar las entradas ilegales en las dos ciudades autónomas por mucho que se le avisara de lo que iba a pasar, pero ahora son los territorios, en manos del PP directamente o a través de pactos PP-Vox, los que deben lidiar con las consecuencias; en definitiva, serán los que tengan que acoger a estos menas, tengan o no financiación extra del Estado.
Políticamente incluso le viene bien al Gobierno haber creado este conflicto. Es evidente que Vox no va a aceptar en modo alguno la llegada de los menores marroquíes, lo tienen pactado y firmado con sus socios del PP en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla-León y Andalucía, lo cual supone que si se ven obligados legalmente a asumirlos, peligran los acuerdos de gobierno, con consecuencias ahora mismo imprevisibles. Y el dirigente popular Elías Bendodo ya ha dicho públicamente que el PP cumplirá la ley. ¿Qué va a pasar?
El PSOE se está tratando de garantizar a sí mismo la ruptura de los pactos PP-Vox, quizás con la esperanza de que haya que ir de nuevo a elecciones autonómicas y probar suerte porque el respaldo que obtienen en las urnas está franca caída sin red, como se ha visto en los últimos comicios celebrados en los territorios. Para ello, no tiene el más mínimo empacho en manejar a los menas para que sirvan a sus intereses, disfrazados, eso sí, de cumplimiento legal y de solidaridad.
