Acusado de apropiación indebida, le piden también 6.000 euros de una multa impuesta a la empresa por impago de la Seguridad Social de los trabajadores. Un empresario melillense reclama a su asesor fiscal un total de 8.500 euros, al que acusa de apropiarse indebidamente de 2.500 euros que le dio en efectivo para pagar las obligaciones trimestrales con la Agencia Tributaria y otros 6.000 euros de una multa que impusieron a su empresa por impago de la Seguridad Social de sus trabajadores, cuando el asesor debía vigilar que estos pagos se abonaran puntualmente. La Fiscalía afirmó que el acusado abusó de la confianza del empresario y la madre de éste, que también trabaja para la empresa, y por ello exige el pago de la cantidad reclamada. Por su parte, la defensa solicitó la absolución para su cliente al considerar que faltan pruebas de que recibiera esa cantidad de dinero en efectivo, pues el ex asesor no tenía autorización para acceder a las cuentas de la empresa.
La sala de vistas de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial celebró ayer el juicio por un supuesto delito de apropiación indebida, que ha quedado visto para sentencia. El propio empresario y su progenitora prestaron declaración, así como el propio acusado.
Los hechos ocurrieron en verano del 2009. El empresario declaró que su ex asesor fiscal le pidió 2.500 euros para cumplir con los pagos trimestrales a la Agencia Tributaria, mientras que su madre aseguró que la cantidad que solicitó fueron 1.500 euros. La falta de acuerdo en la cantidad solicitada fue uno de los argumentos que la defensa utilizó en su alegato final para reiterar que no existen pruebas de que se entregara dinero efectivo alguno a su cliente.
Declaración de la acusación
El empresario aseguró que la labor de su asesor se circunscribía a llevar al día el pago de las nóminas de los trabajadores, las obligaciones con la Agencia Tributaria y las altas y bajas laborales de la plantilla en la Seguridad Social. La acusación negó en todo momento que el asesor tuviera acceso directo a las cuentas bancarias de la empresa, pues los pagos de estas obligaciones se hacían a través de operaciones bancarias, como cargos en cuenta o transferencias.
El empresario y su progenitora también reclaman a J.J.M. un total de 6.000 euros de una multa que la Tesorería de la Seguridad Social impuso a la empresa por impago de los seguros sociales de sus empleados durante tres meses. De este impago, ambos dijeron haber tenido conocimiento porque en el banco les informaron de que se había dado orden de no abonar las cuotas, además de descubrir que el asesor supuestamente dio de alta a dos personas que el empresario no conocía y que no trabajaban para la empresa.
La defensa: “Faltan pruebas”
El acusado negó haber solicitado y recibido dinero en mano alguno del empresario o de su madre y reconoció que “por error” dio de alta a dos trabajadores, aunque luego realizó dos escritos que envió a la Seguridad Social para subsanar este fallo, que su abogado calificó de “mala praxis en su desempeño profesional”. J.J.M. explicó que el empresario le reclama el dinero de las cuotas a la Seguridad Social de estos dos trabajadores que, por otra parte, la Tesorería ha expresado su disposición a devolverle una vez se dicte sentencia.
En el alegato final, la defensa destacó, por una parte, la contradicción de las declaraciones del empresario y su madre, al no coincidir las cantidades que supuestamente le dieron en mano a su ex asesor, así como el hecho de que los 6.000 euros que reclaman de una multa por impago de las cuotas a la Seguridad Social no tienen nada que ver con el destino del dinero solicitado en primera instancia, que era para el pago de las obligaciones trimestrales con Hacienda. La fiscal por su parte insistió en la petición de la acusación e hizo hincapié en el abuso de confianza en el que habría incurrido el acusado.
