El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, mantiene abierta desde marzo una pieza separada del "caso Koldo" para investigar si varias adjudicaciones públicas realizadas en Melilla entre 2019 y 2023, período de Gobierno CpM-PSOE, formaron parte del esquema de comisiones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. La investigación, centrada en contratos vinculados a Acciona, pone el foco en la Autoridad Portuaria de Melilla y en la gestión de la planta incineradora de residuos de la ciudad, operada por la empresa pública Enusa.
Según fuentes de El Faro de Melilla, la trama investigada mantuvo contactos con responsables locales para facilitar negocios en la ciudad. La UCO ha interceptado audios en los que Koldo García consultaba a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, sobre asuntos de seguridad vinculados a sus actividades, según los mismos informes.
Se investiga si el origen de esta trama de intereses está implícitamente recogida en el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre Coalición por Melilla (CPM) y el PSOE.
Según esa información, CPM habría solicitado una contratación masiva de personas afines a la formación, materializada en empresas privadas como Eulen, Clece, Sureste y Salzillo, así como en la empresa pública Tragsa. La misma fuente señala contrataciones en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla que habrían vulnerado el orden de las listas de interinidad, así como en empresas que prestan servicios externalizados a este organismo. Entre los nombres recogidos en esas listas, según el informe trasladado a la UCO, figura Amin Azmani, líder de la formación Somos Melilla.
También se señala que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, era superiora jerárquica del entonces director general de Ingesa en Melilla, Aomar Haouari, y apunta a que la dimisión de este último de su cargo podría estar relacionada con estos aspectos, sin que ello haya sido confirmado por fuentes oficiales. La misma información recoge la compra de material para el nuevo hospital de Melilla a empresas presuntamente vinculadas a la trama de Ábalos, con costes que la fuente calificó de sobredimensionados.
Una de las líneas de la investigación se centra en un contrato de obra adjudicado en 2021 por la Autoridad Portuaria de Melilla (APM), en manos entonces de CpM, para la construcción de una entreplanta con oficinas destinadas a la Guardia Civil y Aduanas. La adjudicación se produjo bajo el mandato del anterior gobierno local de coalición entre el PSOE y CPM, vigente entre 2019 y 2023.
La UCO vincula a Ábalos y a Koldo García con maniobras para favorecer a Acciona a cambio de comisiones del 2% del valor de las obras, un porcentaje que, según la investigación, se habría aplicado para asegurar licitaciones de infraestructuras en distintos puntos del país, incluida Melilla. El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares contra varios directivos de la constructora por su presunta implicación en este esquema.
Otra de las líneas investigadas se refiere al interés de la trama por la gestión de la planta incineradora de residuos de Melilla, operada por la empresa pública Enusa. Según la investigación, se habría diseñado un plan para que Acciona adquiriera una participación cercana al 50% en la gestión de la planta o en proyectos de tratamiento de residuos asociados, y se investigan presuntas comisiones cobradas por mediadores para favorecer a la constructora en estos proyectos.
Acciona ha sido, además, adjudicataria recurrente en la ciudad en el periodo analizado, especialmente en infraestructuras hidráulicas. Entre ellas figura la gestión de la Estación Desaladora de Agua de Mar de Melilla y la obra de la nueva red de impulsión y distribución de agua en el barrio de Cabrerizas. En diciembre de 2021, la UTE Acciona Construcción-Riegosur recibió una adjudicación de 20.831.811,80 euros para infraestructuras vinculadas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con impacto en la zona de influencia de la ciudad. La compañía ha mantenido también presencia histórica en la logística local a través de Trasmediterránea, con las líneas Málaga-Melilla y Almería-Melilla.
En el marco de estas pesquisas, se han realizado requerimientos de información tanto a la Ciudad Autónoma como a la Autoridad Portuaria sobre los expedientes de contratación de Acciona correspondientes a estos años.
El periodo bajo revisión judicial coincide con un aumento significativo del volumen de adjudicaciones en la Ciudad Autónoma, que pasó de 31,14 millones de euros en 2019 a 100,56 millones en 2022. Buena parte de estas licitaciones está siendo revisada por la UCO ante sospechas de amaños y del pago de mordidas de aproximadamente el 2% del valor de la obra, según la misma investigación.
Se estaría investigando también a Víctor Gamero, nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla por CPM durante el Gobierno de coalición con el PSOE. Según fuentes consultadas por este medio, Gamero había sido previamente relacionado, cuando ejercía como jefe del Departamento Fiscal del Puerto de Málaga, con otras investigaciones vinculadas a temas de contrabando.
Las mismas fuentes señalan que habría sido el propio Gamero quien solicitó su nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, en un movimiento que se interpreta como una posible vía para desvincularse de sus supuestos vínculos previos. Durante su gestión, Gamero ha sido calificado por estas fuentes como el principal facilitador de contratos en el ente portuario a empresas relacionadas con la trama Ábalos-Koldo.
La investigación sobre Melilla no es la primera vez que una empresa vinculada al caso Koldo aparece relacionada con la contratación pública de la ciudad. En septiembre de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla dio la razón a la Autoridad Portuaria en el litigio que mantenía con la constructora Levantina Ingeniería y Construcción, que reclamaba 54.244,52 euros por una revisión extraordinaria de precios vinculada a las obras de rehabilitación del tinglado número 5 del puerto, un contrato adjudicado también en 2021 bajo la gestión del anterior equipo directivo.
La sentencia respaldó la decisión del actual presidente de la APM, Manuel Ángel Quevedo Mateos, de rechazar el pago reclamado por la empresa, en un contexto de mayor escrutinio sobre los contratos que Levantina mantiene con administraciones públicas a raíz de su implicación en el caso Koldo.
Preguntado por estos hechos durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo en mayo, Ábalos negó haber influido personalmente en las adjudicaciones investigadas. El exministro sostuvo que su papel se limitaba a dar la "orden política" y que no se enriqueció ilícitamente. La investigación ha puesto también el foco en viajes oficiales de Ábalos a Melilla, entre ellos uno realizado en helicóptero en 2019, cuyos gastos habrían sido gestionados de forma irregular por Koldo García a través de la trama, según la instrucción judicial.
