El secretario general de la Federación de Servicio Públicos de la UGT de Melilla, Javier Valenzuela, aseguró ayer que el sindicato ha puesto una demanda en los juzgados para conseguir que la Ciudad abone a los funcionarios locales la parte correspondiente de la paga devengada de la extra de Navidad que se anuló el año pasado. Valenzuela aclaró a CCOO que hace seis meses pidieron al Gobierno local que abonara este dinero a los empleados públicos, pero desde el Ejecutivo explicaron que no podían hacerlo sin que existiera una sentencia firme. El ugetista afirmó que a pesar de todo, la actitud de la Ciudad parece positiva y señaló que esperan que cuando los tribunales se pronuncien se pague a los trabajadores.
En este sentido, Valenzuela aseguró que no tiene sentido el anuncio que hizo el miércoles el coordinador de la Administración Local de CCOO, José Emilio Carrasco, de que iban a pedir al Gobierno de Imbroda el pago de este mismo dinero a funcionarios y personal laboral de la Ciudad. “Los responsables de CCOO saben perfectamente que no pueden abonarlo hasta que no exista sentencia, porque ya lo dijeron hace seis meses”, indicó.
El ugetista explicó que la intención es que se resuelva la demanda presentada por su sindicato que afecta a un funcionario, la resolución judicial se haga extensible al resto de los funcionarios. Valenzuela indicó que en Ceuta se ha hecho así. El sindicalista precisó que el ayuntamiento de la ciudad caballa decidió aplicar a todos los funcionarios lo que se determinó en la sentencia que salió hace unos días, en la que se obliga a abonar el dinero correspondiente a la paga de Navidad por lo trabajado entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, es decir, antes de que saliera el Real Decreto 20/2012 que suprimía la extra.
Por otra parte, el ugetista indicó que en lo que se refiere al personal laboral de la administración local, unas 450 personas, el miércoles se celebró un juicio también para pedir que les abonen el dinero de la paga devengada y quedó listo para sentencia.
En el caso de los funcionarios, Valenzuela dijo que la resolución podría retrasarse entre cuatro y seis meses. Una vez que los tribunales se pronuncien, si lo hacen en el mismo sentido que lo han hecho en otras ciudades, los empleados recibirán el dinero correspondiente a los 45 días anteriores a la aplicación del Real Decreto. El sindicalista explicó que su demanda judicial se basa en la imposibilidad de que el Gobierno aplique la retirada de la paga extra con carácter retroactivo.
