El conflicto entre los trabajadores de las ludotecas de Melilla y la empresa adjudicataria del servicio, Alvalop, ha alcanzado un nuevo punto de tensión. Los empleados, que llevan meses sufriendo retrasos en el cobro de sus nóminas, han exigido al Gobierno de la Ciudad Autónoma que priorice el pago de los salarios pendientes antes de completar cualquier procedimiento para rescindir el contrato con la compañía.
En un comunicado, los trabajadores critican que, mientras la Administración local reconoce los impagos y los perjuicios ocasionados, se sigan planteando trámites y consultas jurídicas que podrían alargar la situación. “Lo que necesitamos, y de forma inmediata, es que se nos pague lo que se nos debe”, subrayan, recordando que el propio Gobierno local ha admitido que Alvalop ya ha dejado de prestar servicio en dos centros y que existen nóminas impagadas.
Los empleados insisten en que no aceptarán que el tiempo necesario para rescindir el contrato sirva como excusa para retrasar el pago de sus salarios. “Primero se paga a los trabajadores. Después, se resuelven los contratos, se modifican las leyes y se depuran responsabilidades. Pero las familias no pueden comer con promesas ni con declaraciones”, advierten.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ha reiterado el “deseo” del Gobierno local de poner fin cuanto antes a la relación contractual con Alvalop. Marín asegura que el objetivo es “evitar que siga ocasionando este gran daño a los trabajadores” y que la decisión debe ir acompañada de la “viabilidad técnica y jurídica” necesaria.
El dirigente local ha confirmado que la Ciudad ya dispone de un informe que ve “visos” de posibilidad de rescisión contractual y que se están realizando las consultas con los servicios jurídicos para iniciar el procedimiento “de manera inmediata”. Además, ha adelantado que, en caso de concretarse la rescisión, se buscará la fórmula para que el servicio de ludotecas vuelva a estar operativo lo antes posible y con garantías de que se cumplan las condiciones laborales recogidas en el convenio colectivo.
Marín ha manifestado su malestar tanto con la empresa como con la actual normativa, a la que califica de “muy garantista” para compañías que incumplen sus obligaciones. En este sentido, sugiere una modificación de la Ley de Contratación del Sector Público que permita a las administraciones cancelar contratos de forma más ágil en casos como este, donde los incumplimientos afectan directamente a los trabajadores y a la calidad del servicio prestado.
Sin embargo, para los empleados, estas declaraciones no son suficientes. En su respuesta, recalcan que no son “un trámite administrativo”, sino personas con familias que dependen de su salario para afrontar gastos básicos como alquileres, facturas o alimentación. Acusan a la Ciudad Autónoma de limitarse a hablar de procedimientos futuros mientras ellos siguen sin cobrar.
El conflicto se arrastra desde hace meses. El Gobierno local ya abrió un expediente sancionador contra Alvalop por presuntos incumplimientos contractuales, aunque hasta la fecha no se ha materializado ninguna medida que haya permitido a los trabajadores recuperar las nóminas adeudadas. El clima de incertidumbre se ha agravado tras la retirada del servicio en dos centros y la falta de una fecha concreta para la solución del problema.
Mientras la Ciudad Autónoma avanza en los trámites para la rescisión, los trabajadores advierten que mantendrán su presión para que se adopten medidas urgentes. Su posición es clara: el cobro de los salarios no puede depender de la duración de un procedimiento administrativo ni de la modificación futura de una ley. Quieren que el pago se haga efectivo ahora, antes de que continúe cualquier negociación o trámite legal.
El caso de Alvalop se ha convertido en un ejemplo de las dificultades que enfrentan las administraciones para actuar con rapidez ante empresas adjudicatarias que incumplen sus compromisos. Entre la necesidad de cumplir con procedimientos jurídicos y la urgencia de garantizar los derechos laborales, el pulso entre trabajadores y autoridades continúa, con un desenlace aún incierto.
