Torres cree que los recursos autonómicos contra el reparto de menores no tienen recorrido

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha considerado este miércoles que los recursos presentados o anunciados por varias comunidades autónomas contra la reubicación de los menores migrantes no acompañados no tienen "ningún recorrido".

En declaraciones a 'La Hora de La 1' de TVE, Torres ha señalado que las comunidades que han recurrido o anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional o el Supremo están en su derecho de hacerlo pero ha asegurado que se trata de una modificación legislativa "absolutamente justa".

Una norma que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado y que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las autonomías.

El decreto establece el número de plazas que debería tener cada comunidad para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes: hay autonomías que tienen más menores que esa capacidad ordinaria y hay otras que tienen muchos menos, ha indicado el ministro, que considera que "es de justicia" la distribución.

"No se discrimina ni se aventaja a ninguna comunidad. Lo que sale es una radiografía real", ha garantizado.

Además, ha calificado de "lamentables" las críticas de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, "que ni siquiera envió el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma, como se le requirió desde el Ministerio de Infancia. Se colabora o se ponen palos en las ruedas".

Torres ha confiado en que ninguna de las comunidades autónomas se niegue a acoger a los menores porque es una ley que ya ha sido convalidada por las Cortes Generales: "No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado el ministro, que ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".

Ha recordado que son niños que no pueden estar condenados a vivir hacinados en algunos territorios y que tienen que tener unas condiciones mínimas de igualdad, como cualquier otro menor que precisa ser acogido porque huye de una guerra, como ocurrió con los de Ucrania. "¿Por qué eso no se puede hacer exactamente igual con los niños que vienen de África, que tienen la misma edad y tienen las mismas ilusiones?", se ha preguntado.

Recurso de la Junta de Andalucía

El ministro se ha pronunciado así después de que la Junta de Andalucía haya anunciado que estudiará jurídicamente si recurre el Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado este miércoles en un comunicado que dicho decreto ha sido aprobado "por el Gobierno de Pedro Sánchez tal y como nos tiene acostumbrados: por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia".

Para López, con este texto, en el que Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma con más capacidad ordinaria de acogida, se vuelve "a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez”.

“Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños”, ha enfatizado la consejera.

Ha añadido que el Sistema de Protección de Menores andaluz "está ya saturado", y no se puede "olvidar que cada semana siguen llegando a las costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos".

Como ejemplo de la solidaridad "incuestionable" de Andalucía, López ha recordado a "los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón".

Ha remarcado que este reparto impuesto por el Gobierno de España “reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores, tanto a los que ya están en el sistema como aquellos a los que quieren trasladar".

"Para Andalucía siempre primará la defensa y protección del interés superior de los niños", ha subrayado la consejera.

Por ello, ha puesto de relieve la importancia de que el Ejecutivo central reconozca Andalucía como Frontera Sur, una petición que "Pedro Sánchez niega continuamente, a pesar de estar a tan solo 14 kilómetros del continente africano, mientras se la concede al País Vasco".

Ha lamentado la "hipocresía" del Gobierno de Sánchez, que "no está asumiendo sus competencias con los más de mil menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo".