El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) ha alcanzado este lunes un nuevo punto álgido a raíz del reparto de menores migrantes no acompañados. Mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defiende que “no falta información, sino voluntad política” para aplicar el plan de redistribución, las autonomías populares acusan al Ejecutivo de actuar de forma “ilegal” e imponer un reparto “arbitrario y forzoso”.
La disputa se ha intensificado con la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada la tarde de este lunes en Madrid, que tiene como objetivo fijar los criterios para reubicar a unos 4.400 menores migrantes, la mayoría procedentes de Canarias. Esta medida se enmarca en el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado recientemente por el Congreso de los Diputados.
"Falta voluntad política”
La ministra Sira Rego ha recordado antes del inicio de la sectorial que este espacio está pensado para el diálogo y que las comunidades tienen la oportunidad de proponer cambios al modelo de derivación. Según Rego, el Gobierno lleva trabajando más de un año en esta propuesta, mostrando “la mejor de las voluntades”, aunque ha encontrado la oposición de las comunidades del PP.
El real decreto ley contempla la posibilidad de introducir modificaciones si existe unanimidad en la Conferencia Sectorial, pero ese escenario parece lejano. Comunidades como Madrid y Valencia ya han anunciado su rechazo frontal al plan, denunciando falta de consulta previa y ausencia de consenso.
Rego también ha aclarado que la convocatoria extraordinaria de la sectorial está plenamente avalada por el reglamento que rige este órgano, subrayando que se cumplen “todas las garantías jurídicas”. “Todo esto está avalado por el cuerpo jurídico del Gobierno”, insistió la ministra.
El PP contra el Ejecutivo
La respuesta del PP no se hizo esperar. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, llegó a la sectorial acompañada de otros consejeros populares y expresó su profundo malestar con el Gobierno. Dávila calificó el reparto como “arbitrario” y denunció que se trata de “la continuidad del proceso ilegal” con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca imponer su criterio.
“Las comunidades del PP no hemos tenido ocasión de participar en ninguna fórmula para este reparto. El real decreto fue aprobado sin consultar ni tener en cuenta a las comunidades, que somos las que tenemos las competencias exclusivas para atender a los menores”, reprochó Dávila. Además, acusó al Gobierno de utilizar a los menores como “monedas de cambio” para afianzar alianzas políticas, en clara alusión a las negociaciones con el expresidente catalán Carles Puigdemont.
La consejera madrileña advirtió que, de los 4.400 menores previstos, cerca de 2.000 serían destinados a Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, algo que calificó como un reparto desproporcionado. También criticó lo que considera un trato privilegiado a Cataluña, asegurando que en los últimos dos años solo ha creado cinco nuevas plazas, frente a las 362 habilitadas en Madrid.
Tribunal Constitucional
El conflicto no se ha limitado al plano político. La Comunidad de Madrid presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el real decreto ley, alegando vulneración de competencias autonómicas y cuestionando la legalidad del procedimiento. Esta semana, el TC ha admitido a trámite el recurso, un paso que si bien no implica un pronunciamiento sobre el fondo, añade incertidumbre al proceso y refuerza la posición de las comunidades que rechazan el plan.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, se mantiene que el plan responde a una situación de emergencia derivada de la presión migratoria que vive Canarias, y que requiere de un enfoque solidario y coordinado. “Es un desafío de Estado que no admite egoísmos ni cálculos partidistas”, subrayan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
Conflicto que viene de lejos
El debate sobre el reparto de menores migrantes no acompañados no es nuevo en España. Ya en 2023, el Gobierno intentó impulsar un acuerdo similar, pero se encontró con la resistencia de varias autonomías. En ese momento, la presión migratoria en Canarias comenzó a crecer de forma sostenida, con miles de llegadas que desbordaron los centros de acogida.
La reciente aprobación del real decreto ley por el Congreso pretendía desbloquear la situación, pero ha terminado reavivando el conflicto político. La inclusión del Tribunal Constitucional en este debate añade además un componente jurídico que podría tener consecuencias a largo plazo en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de defensa de la infancia han pedido a las administraciones priorizar el bienestar de los menores por encima de las disputas políticas. “Estamos hablando de niños y niñas en situación de vulnerabilidad extrema. La prioridad debe ser su protección, no el rédito político”, ha señalado Save the Children en un comunicado.
Expertos en derecho constitucional advierten que el debate no es solo técnico ni jurídico, sino también ético. “La solidaridad entre comunidades autónomas está en el ADN del modelo autonómico. La clave está en saber articularla respetando las competencias y los derechos fundamentales”, explica la catedrática en derecho constitucional, Laura Romero.
Próximos pasos
Las negociaciones en el seno de la Conferencia Sectorial continuarán en los próximos días, aunque el ambiente de polarización hace prever que los acuerdos serán difíciles de alcanzar. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia no descartan nuevas reuniones, mientras que las comunidades del PP estudian endurecer su posición, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
En paralelo, Canarias, principal comunidad afectada por la llegada de menores migrantes, observa el debate con preocupación. El presidente autonómico ha recordado que los recursos de acogida están al límite y ha hecho un llamado a la responsabilidad del resto de comunidades.
El reparto de menores migrantes no acompañados ha destapado no solo diferencias políticas, sino también tensiones territoriales y desafíos jurídicos que podrían marcar un antes y un después en la política migratoria española. A medida que avancen las negociaciones y el Tribunal Constitucional estudie el recurso, el país estará pendiente de un tema que combina derechos humanos, competencias autonómicas y equilibrios políticos en un momento especialmente sensible.
