El grupo parlamentario Sumar ha solicitado la comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados para que rinda cuentas sobre su actuación ante los graves problemas que enfrentan decenas de solicitantes de asilo en Melilla. La iniciativa, registrada en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, está firmada por las diputadas Viviane Ogou y Aina Vidal.
La solicitud llega tras la denuncia pública realizada por las asociaciones Mec de la Rue (MdLR) y Geum Dodou, que alertaron de que 43 personas solicitantes de protección internacional vieron canceladas sus entrevistas en la Oficina de Asilo de Melilla sin previo aviso. Según detallaron las ONG, las personas afectadas, de origen maliense y latinoamericano, se encontraron con la negativa de la Policía a realizarles las entrevistas, pese a que muchos habían recibido un recordatorio oficial de su cita.
De los 43 afectados, 38 se encuentran actualmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, cinco de ellos (en concreto, dos de Mali y tres de países latinoamericanos) no han sido admitidos en el centro y se encuentran en situación de calle. Estas personas habían solicitado asilo previamente desde la península de manera telemática y se desplazaron expresamente a Melilla para acudir a la cita asignada.
Las asociaciones sociales han denunciado públicamente que este grupo de migrantes se encuentra en un limbo legal, ya que al suspenderse las entrevistas no se les ofrece ninguna alternativa, ni posibilidad de reagendar la cita ni recursos de acogida. "Se está privando del ejercicio efectivo del derecho de asilo a personas que han seguido todos los pasos del procedimiento legal", alertan desde Mec de la Rue y Geum Dodou.
Este episodio ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de las solicitudes de protección internacional en la ciudad autónoma. Apenas mes y medio atrás, otro grupo de solicitantes se vio obligado a acampar durante dos semanas junto al CETI, al no haber sido admitido en las instalaciones tras un cambio en el procedimiento. El sistema pasó de ser presencial a telemático, una modificación que generó confusión y dejó sin cobertura a varias personas, hasta que finalmente fueron trasladadas a la península.
Ante estos hechos, las diputadas de Sumar instan a Gabilondo a aclarar si la institución que dirige está interviniendo ante la posible vulneración de derechos que se estaría produciendo en Melilla. Consideran prioritario saber si se han abierto actuaciones de oficio, si se ha recabado información de las autoridades competentes y si se están tomando medidas para proteger a los solicitantes afectados.
“Es fundamental garantizar el acceso al derecho de asilo sin trabas ni arbitrariedades, y que haya una supervisión real por parte de los organismos encargados de velar por los derechos fundamentales”, sostienen desde Sumar.
El grupo parlamentario también ha pedido que se evalúe el funcionamiento del actual sistema de cita previa y entrevistas en la ciudad autónoma, así como la situación en el CETI, un recurso que, según han señalado en varias ocasiones diferentes organizaciones, está saturado o aplica criterios de admisión que no siempre se hacen públicos.
Sumar considera que situaciones como la denunciada vulneran los principios básicos del derecho de asilo y suponen un riesgo para la integridad física y jurídica de las personas solicitantes, especialmente aquellas que se encuentran desprotegidas en la vía pública, sin alojamiento ni información.
Con esta iniciativa, el grupo político busca generar un debate en sede parlamentaria y exigir responsabilidades a quienes tienen la obligación de garantizar el acceso a los derechos más fundamentales. También pretende visibilizar las dificultades que se siguen viviendo en Melilla, una de las principales puertas de entrada a Europa, y donde las políticas migratorias españolas tienen un impacto directo y muchas veces controvertido.
