El subdirector general de Penas y Medidas Alternativas asegura que los programas de intervención con penados son efectivos, sobre todo, en condenados por violencia de género.
El curso de verano ‘Alternativas a la prisión y asistencia a los penados’ analiza estos días los efectos positivos que tiene en los condenados participar en programas formativos o en trabajos en beneficio a la comunidad. Como ejemplo, están los hombres condenados por violencia de género. El 96% de los penados por maltrato que acude a un programa de intervención no vuelve a reincidir en este delito, por lo que sólo el 4% regresa a los juzgados con denuncias por malos tratos de parte de sus parejas. Aunque este 4% siga siendo un dato negativo, se consigue que la mayoría no utilice más la violencia contra las mujeres. Estas cifras se analizaron ayer por el subdirector general de Penas y Medidas Alternativas, Miguel Ángel Vicente Cuenca, y de la jefa de Servicios de Penas y Medidas Alternativas, María Moñuz Fernández, que participaron con varias ponencias en este curso.
Vicente Cuenca resaltó que los programas de intervención, como los que se aplica los condenados por violencia de género o a drogodependientes, funcionan muy bien en la mayoría de los casos. “Se producen muchos cambios en el penado, modifica sus comportamientos y actitudes y cumple con los objetivos que tiene establecida la Institución Penitenciaria a la hora de establecer este tipo de pena”, señaló.
La duración de estos cursos, en los que se suelen incluir charlas informativas, terapias de grupo y el asesoramiento de psicólogos y expertos en temas sociales, es de entre nueve meses y un año. Explicó que en el caso de los condenados por violencia de género los programas duran nueve meses y en cambio, “los cursos de pensamiento prosocial son más largos”.
Los programas de intervención suelen emprenderse por parte de los centros penitenciarios, aunque no todos se imparten en sus instalaciones. En este sentido, Melilla ofrece estos cursos fuera de la prisión, apuntó Vicente Cuenca.
¿Cuándo se ponen en marcha este tipo de programas? El subdirector general de Penas y Medidas Alternativas aseguró que todo depende del delito y de la persona condenada. Indicó que los programas de intervención funcionan muy bien en el caso de penados por violencia de género o delitos contra la seguridad vial. Aunque apuntó que es el juez el que tiene la decisión de suspender o sustituir una pena privativa de libertad por un programa formativo o trabajos en beneficio de la comunidad.
Proceso administrativo
La jefa de servicios de Penas y Medidas Alternativas, María Moñuz Fernández, centró su conferencia en cómo se ejecutan las condenas y los trámites que se hacen en esta parte de la Administración. Indicó que la complejidad del trabajo de los servicios de Penas y Medidas Alternativas está en compatibilizar la vida de un condenado que está en libertad con las actividades o programas que le ha marcado el juez a cambio de no ir a la cárcel. Aseguró que lo difícil es conseguir un equilibrio entre la vida familiar y laboral de esta persona y la pena que le han impuesto. En cuanto a la tramitación de estos documentos y expedientes, destacó que es sencilla para la Administración.
El proceso que se sigue en los servicios de Penas y Medidas Alternativas es citar al condenado para hacerle una entrevista. Se evalúa su situación familiar y social para elaborar el programa más adecuado para que cumpla con la pena impuesta por el juez. Moñuz Fernández aseguró que lo habitual es que se cumpla este plan de trabajo por parte del penado.
Las conferencias continúan hoy con el análisis del papel del abogado en penas y medidas alternativas y con el estudio de la liberta condicional.
Con o sin convenios lo importante es cumplir la pena
El subdirector general de Penas y Medidas Alternativas, Miguel Ángel Vicente Cuenca, aseguró que son muchos los convenios de colaboración que firma la Institución Penitenciaria con ONGs, fundaciones y otras instituciones públicas para que los penados puedan cumplir su pena a través de trabajos a beneficio de la comunidad o programas formativos. Resaltó que en otras ocasiones no hay acuerdos formales entre la Administración y estas entidades, aunque apuntó que lo importante es que el condenado pueda cumplir su pena.
Vicente Cuenca explicó que lo único que tiene que hacer una ONG que desee colaborar con un centro penitenciario es presentar un plan de trabajo. Este documento se analizará por la Junta de Tratamiento de la prisión. Si reune los requisitos que pide esta institución, la ONG podrá empezar a trabajar con los penados.
