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Los acusados dicen que pagaron 2.000 € a un “encargado”. El dueño lo niega y exige que abandonen la casa
En uno de los juicios celebrados ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla, un matrimonio fue acusado de un delito de usurpación al residir en una vivienda sin disponer de contrato de la misma. Según afirmaron, un “encargado” les cobró “2.000 euros” y les dio las llaves del piso. El propietario, en cambio, negó que esto hubiera ocurrido y aseguró que él había celebrado un contrato de arrendamiento con otra persona, quien no ha podido disfrutar de la vivienda a causa de que haya sido ocupada por la pareja de inculpados. El Ministerio Fiscal reclama por ello una multa de 2.160 euros.
Desde mayo del año pasado
El primero en declarar fue el marido, quien aseguró que el 17 de mayo del año pasado abonó 2.000 euros “a un tal Mimon” y que éste les dio las llaves del piso, situado en la céntrica calle Cándido Lobera. La acusación pública le preguntó por la ausencia de contrato de alquiler: “Me dijo que lo formalizaríamos el mes siguiente”, replicó. Aparte, negó que hubiera entrado “forzando” la puerta.
Después llegó el turno para las preguntas del abogado de la acusación particular, quien dijo al acusado que el arrendatario de la vivienda era un hombre de iniciales O. E. Por ello, le preguntó al inculpado si él y su esposa “siguen viviendo allí”, a lo que éste dio una respuesta afirmativa.
A preguntas de los letrados de la defensa, el investigado admitió que la Policía acudió a la casa a requerirles que la abandonaran tras haber presentado su propietario la correspondiente denuncia, lo que ocurrió el 1 de enero de 2016.
Llaves de la casa
Además, aseguró que los agentes “probaron” las llaves que tenía en su poder y que “abrían”. De esta forma, la defensa trataba de negar que hubieran accedido irregularmente a la vivienda “por una ventana” que da a la azotea.
El acusado aseveró que para alquilar la casa fue “a un comercio del Rastro” y que el hombre llamado Mimon le dijo “que era el encargado de la finca”.
Tras ello, testificó la esposa del anterior declarante, también en calidad de acusada. Según afirmó, fue su marido el que hizo todos los trámites del alquiler. También aseguró que pensaba que su cónyuge hizo esa operación de alquiler “de forma regular”. Por último, indicó que cuando la Policía les conminó a que se marcharan, ella “no estaba” en la vivienda.
Luego declaró el dueño de la casa. Este testigo señaló que el 31 de mayo del año pasado firmó el contrato de alquiler con otro inquilino. “Yo no los conozco a ellos”, manifestó.
El propietario supo que la vivienda estaba ocupada por otros el día siguiente, al ser informado por la persona con la que había firmado el arrendamiento.
La mujer no estaba
El denunciante afirmó que, tras ello, acudió con la Policía Local y la Nacional a la casa y reconoció al hombre como la persona que se encontraba allí en ese momento. “Ella no estaba”, precisó.
“Sospecho que entraron por la ventana de la azotea, que estaba entornada”, dijo el propietario. “Ha pasado un año y han estado gastando luz y agua”, lamentó el denunciante.
Después testificó O. E., la persona que firmó el contrato de alquiler con el dueño. A preguntas del abogado de la acusación particular, señaló que al ir al piso el 1 de junio del año pasado su llave “abría”, pero los ocupantes de la vivienda “habían puesto una cadena por dentro”.
A continuación prestó declaración un empleado del negocio del propietario, quien negó haber arrendado la casa a la pareja de acusados. “Yo no soy nadie para alquilar casas”, proclamó.
Acreditada la ocupación
Tanto la fiscal como la acusación particular consideran “acreditada” la ocupación de la vivienda y la falta de contrato. Por ello, el ministerio público reclama una multa de seis meses a un pago de 12 euros diarios (2.160 euros).
Sin embargo, los letrados de la defensa afirman que sus clientes obraron sin mala fe y que fueron “engañados” por la persona que les cobró y les dio las llaves.
