La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reivindicado este viernes que fue la organización que denunció ante la Justicia los hechos que actualmente afectan a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La asociación asegura que presentó una denuncia formal el 3 de junio de 2025 ante un juzgado de Madrid al considerar que determinadas actuaciones podrían constituir delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
En un comunicado difundido este viernes, la AUGC sostiene que actuó antes de que los hechos adquirieran relevancia pública y recuerda que solicitó además personarse en el procedimiento como acusación popular. La denuncia iba dirigida contra María Leire Díez Castro, identificada en distintas informaciones periodísticas como presunta "fontanera" del PSOE.
Según explica la asociación, en aquella denuncia se recogían diversas informaciones periodísticas que apuntaban a la existencia de iniciativas encaminadas a obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de una unidad de delitos económicos integrada en la UCO. De acuerdo con AUGC, el objetivo de esas actuaciones habría sido desacreditar al mando y lograr que las investigaciones bajo su dirección fueran modificadas o cesaran.
La organización afirma que los acontecimientos conocidos en los últimos días refuerzan las advertencias que venía realizando sobre la necesidad de garantizar la independencia de las unidades de investigación de la Guardia Civil. En este sentido, considera especialmente grave cualquier intento de presión sobre agentes que desarrollan su labor bajo mandato judicial.
El comunicado también incluye críticas hacia la Dirección General de la Guardia Civil. La AUGC lamenta la ausencia de explicaciones públicas y de mensajes de respaldo a los agentes en un momento que califica de especialmente sensible para la institución.
Por último, la asociación reitera sus reclamaciones históricas de más medios materiales, mayor protección jurídica y profesional para los guardias civiles y el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo. Asimismo, anuncia que continuará ejerciendo la acusación popular en el procedimiento y reclamará que los hechos denunciados sean investigados hasta sus últimas consecuencias.
