De resultas del encuentro que ayer celebraron en nuestra ciudad los gobiernos ceutí y melillense con vistas al Ejecutivo saliente del 20N.
Melilla y Ceuta concretaron ayer en 15 puntos su anunciada “acción conjunta” durante los próximos cuatro años ante el nuevo Gobierno central que resulte de las elecciones del 20N.
El documento toma como base la resolución reciente de las Cortes Generales españolas que, en atención a nuestras especificidades como territorios fronterizos, alejados del resto de la Nación y con especiales dificultades para un mayor desarrollo, delimita el tratamiento que ambas merecen ante la Unión Europea y también ante el resto del Estado, en aras a superar sus Déficits estructurales y conseguir “la misma calidad en los servicios públicos” que reciben el resto de los españoles. De ahí, que el presidente ceutí resumiera que se trata de “un derecho irrenunciable”, basado en los principios de “solidaridad e igualdad”.
El documento propone medidas de tipo fiscal y económico, pero también revisa las relaciones con la Administración central para evitar que las Ciudades Autónomas deban actuar de forma “subsidiaria” y sin la debida compensación económica en competencias que corresponden al Estado, como es el caso de la Educación.
Medidas económicas
En concreto, en lo relativo al ámbito económico, se propone ampliar la bonificación del IRPF, elevar la deducción de los rendimientos obtenidos en las dos ciudades por parte de las sociedades y ampliar la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social hasta el 50% a todos los sectores productivos.
Además, los dos gobiernos apuestan por modificar el impuesto local IPSI para convertirlo en un impuesto similar al IGIC vigente en Canarias a fin, entre otras consecuencias, de eliminar el gravamen sobre la mercancía no vendida y aún almacenada, y posibilitar también la devolución del mismo impuesto en las compras realizadas por turistas y viajeros.
Unión Europea
En lo tocante a la UE, Melilla y Ceuta insisten en que sus especificidades sean tenidas en cuenta en el reparto de los Fondos Estructurales y de Cohesión para el próximo período de concesión de ayudas, de forma que el PIB per cápita no sea la única variable a considerar.
Asimismo, solicita la presencia de ambas ciudades en el Comité de las Regiones Europeas, con el objetivo “de dejar constancia de lo mucho que Ceuta y Melilla pueden ofrecer y ofrecen a la Unión Europea, como espacio singular para la convivencia y la integración entre personas de distintos credos y culturas”, y por su condición de “observatorio privilegiado para la inmigración en cualquiera de sus manifestaciones”.
Igualmente, aboga por la integración de ambas ciudades en la Unión Aduanera Común, siempre que sea compatible con las peculiaridades del régimen económico y fiscal de ambas y no perjudique a ninguna de las actividades que se desarrollan actualmente al amparo de la condición de territorio franco aduanero.
Comunicaciones puertos y fronteras
En materia de transportes, los dos Gobiernos declaran que seguirán “empeñados” en mejorarlos “en calidad y precio”, mientras que para sus respectivos puertos solicitan una reducción del 50% del bloque tarifario, “al amparo del reconocimiento de un estatus especial para el desenvolvimiento presupuestario de los mismos”. Para ello, los gobiernos de Melilla y Ceuta alegan que la petición se justifica “por su consideración de infraestructuras esenciales y estratégicas para el interés nacional”.
En cuanto a las fronteras, se demandará al nuevo Gobierno que actúe en consecuencia con el hecho de constituir las única fronteras terrestres de Europa en África, dotándolas de más medios, infraestructuras y equipamientos, con vistas a lograr “el adecentamiento y adecuación de las fronteras y sus zonas de influencia”.
Empleo
En materia de empleo, los dos gobiernos demandarán, entre otras iniciativas encaminadas a procurar la inserción laboral, “medias paliativas pero absolutamente imprescindibles hasta tanto se alcance una estructura productiva sólida y con capacidad de generar empleo en condiciones de estabilidad”. Para ello, solicitarán “acentuar los esfuerzos en el paro juvenil y dar mayor peso, en la distribución de los recursos totales, a las dos Administraciones autonómicas”, con el fin de retrotraer el desarrollo de los Planes de Empleo a la fórmula que se aplicaba inicialmente y que se considera más acertada “por el mayor campo funcional que ofrecen los servicios locales”.
Otras medidas
Los quince puntos se completan con más propuestas de medidas específicas para luchar contra los altos índices de fracaso escolar en Melilla y Ceuta, combatir el déficit de viviendas sociales con la la construcción de 800 viviendas protegidas de régimen especial en cada uno de sus territorios, lograr que el Estado sufrague el 90% del coste de la desalinización del agua -tal cual se ha venido haciendo en los últimos años-, y conseguir igualmente ayudas para el tratamiento y eliminación de residuos, así como para la depuración de aguas residuales.
Asimismo, se propone apuntalar la garantía de un suministro eléctrico de calidad, precio y seguridad iguales a los del resto de España, para lo que se planteará “la posible interconexión con la red eléctrica peninsular mediante la instalación de cables submarinos”.
Menores y zonas marginales
Mención aparte merecen las demandas en materia de menores extranjeros desamparados, que como dijo Vivas están suponiendo, “por causa de la altísima presión migratoria”, un coste “insostenible” para las dos administraciones autonómicas. Por ello, sin llegar a plantearse la devolución al Estado de estas competencias, se apuesta por solicitar “la dotación de equipamientos y las compensaciones económicas que se precisen, para atender la creciente presión migratoria vinculada al hecho fronterizo, tanto de menores transeúntes como subsaharianos”. Una petición, subrayan, “que colisiona, de manera rotunda, con el recorte que ha practicado el Gobierno de la Nación” en los convenios para tales fines y que representan “un retroceso que debería ser corregido”.
Por último, respecto de las zonas “con altos índices de marginalidad”, tanto en Melilla como Ceuta, se piden “planes específicos de actuación y la constitución de consorcios, comisionados o figuras jurídicas similares, que tengan por objeto facilitar la coordinación entre las Administraciones intervinientes, así como el seguimiento y evaluación de las actuaciones”.
Apuesta por el desarrollo autonómico para “mejorar y perfeccionar los Estatutos”
Los dos Gobiernos han incluido por primera vez en su relación de demandas y peticiones conjuntas ante el Gobierno central, “la reforma” de sus Estatutos de Autonomía.
En tal sentido, sin renunciar, dicen, a la constitución de Melilla y Ceuta en comunidades autónomas, conforme a lo previsto en la Transitoria 5ª de la Constitución española, ponen de manifiesto el propósito de “promover a reforma de los vigentes estatutos a efectos de su mejora y perfeccionamiento”, eso sí, “respetando el necesario consenso” entre todas las fuerzas políticas y teniendo muy presente “los objetivos de racionalidad, austeridad y eficiencia en el funcionamiento de los servicios”.
