EN el último salto a la valla registrado en Melilla, sucedido el pasado domingo, lograron entrar en la ciudad 111 inmigrantes procedentes del África subsahariana. Trece de ellos eran menores de edad, por lo que, en lugar de entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), fueron trasladados al centro de La Purísima.
En los grupos de inmigrantes que acampan en el Gurugú a la espera de su oportunidad para acometer el salto a la valla es habitual que haya menores de edad. Este hecho ha motivado que Unicef haya puesto los ojos en nuestra ciudad y en Ceuta con el fin de garantizar los derechos de la infancia.
En un informe presentado ayer, la organización, integrada en la estructura de las Naciones Unidas, exige el fin de las llamadas ‘devoluciones en caliente’. Unicef basa esta reclamación en que de esa forma se garantizaría la correcta identificación de los niños que intentan acceder a España por la única frontera terrestre que la Unión Europea comparte con el continente africano.
Unicef Comité Español solicita que se tomen todas las medidas necesarias para que ningún menor acabe en algún Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península “por una apreciación errónea de su edad”.
El informe añade que en suelo europeo los niños refugiados y migrantes encuentran “barreras, incluso legales para disfrutar de sus derechos”, por lo que insiste en garantizar a toda costa la protección de los menores.
Volviendo al caso español, Unicef considera que el Gobierno central ha de abrir “vías legales y seguras para que los niños refugiados y migrantes puedan llegar sin arriesgar su vida o su integridad física o moral”.
En estos asuntos, hay que tener siempre los pies en el suelo. Declaraciones como las de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que llamó “valientes” al centenar largo de subsaharianos que saltaron la valla el domingo, son del todo inapropiadas para un cargo público. Pero no lo es en modo alguno reclamar la protección a la infancia, algo que debería ser una obligación para todos.
