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Inicio » Editorial

Nombramientos interruptus

por Redacción El Faro
13/04/2016 19:36 CEST

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Populares en Libertad  (PPL) intenta capear la crisis que se le ha venido encima con la retirada de las competencias a los viceconsejeros de Universidades y Participación Ciudadana.

Ante el rumor de una posible denuncia por acoso laboral de los dos cargos políticos hacia la consejera de Presidencia, Paz Velázquez, el partido de Ignacio Velázquez, que está a punto de integrarse en el PP, disparó anoche con bazuca: “Un cargo político nunca tiene relación laboral por lo que difícilmente se le puede acosar de algo que no existe. Son cargos de confianza, lo mismo se les nombra que se les destituye”, apuntó en un escueto comunicado de urgencia.
Y fue entonces cuando soltaron el ‘bombazo’: Paz Velázquez pidió a Imbroda el cese de los dos viceconsejeros y en opinión del partido, éstos “han maniobrado para retrasar la inminente destitución”.
Para PPL se trata de una “maniobra estéril” y asegura que ambos cargos sabían que iban a ser destituidos, aunque el viceconsejero de Universidad, Ignacio Alonso, confesó a El Faro que se había enterado por la prensa.
Estos alborotos en tiempos alborotados (Ejecutivo central en funciones, posibilidad de repetir elecciones generales, etc) no vienen bien a ningún equipo de Gobierno, sobre todo, cuando hay que destituir a dos políticos que no han cumplido un año en el ejercicio de sus funciones.
El líder de C’s en Melilla, Eduardo de Castro, el eterno azote de Paz Velázquez, ayer puso en duda el argumentario que dio la consejera, explicando que no había perdido la confianza en sus viceconsejeros, sino que para conseguir una mayor operatividad de la consejería les retiraba la capacidad legal de firmar documentos.
Veinticuatro horas después la versión cambia y resulta que no sólo les ha retirado la firma sino que, además, había pedido su cese al presidente Imbroda.
PSOE y C’s no entendían ayer (hoy quizás lo tengan más claro) por qué Paz Velázquez mantenía en sus cargos a viceconsejeros con sueldos de 4.000 euros si les retiraba las competencias.
La consejera de Presidencia y vicepresidenta segunda tiene ante sí una prueba de fuego: gestionar esta crisis y salvar los muebles.

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