Cada 25 de noviembre, el calendario internacional recuerda una de las luchas más urgentes y necesarias: la eliminación de la violencia contra la mujer. La Fiscalía de Área de la ciudad autónoma trabaja de forma especializada desde hace años en esta materia. Al frente de este trabajo está Laura Santa Pau Vázquez, fiscal jefa, quien detalla la realidad judicial que envuelve estos casos, sus dificultades, procedimientos y también los recursos disponibles para quienes deciden dar el paso de denunciar.
El Ministerio Fiscal incluye, entre otras especializaciones, la violencia de género. Nace con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma que supuso un cambio en la forma de afrontar jurídicamente esta realidad. Esta ley tiene como objetivo establecer una respuesta integral frente a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus parejas. Para ello, articula medidas de sensibilización, prevención, detección, atención, asistencia, protección y reparación del daño, tanto desde el ámbito judicial como desde los servicios sociales, educativos, sanitarios y policiales. Su finalidad principal es garantizar los derechos fundamentales de las mujeres víctimas, promoviendo su seguridad, recuperación integral y el ejercicio pleno de su libertad y dignidad. “Desde la propia ley ya se planteó la necesidad de crear juzgados de violencia sobre la mujer, así como fiscalías especializadas. Es básica la especialización y la sensibilización en esta materia. Tiene que haber unas personas con la formación adecuada”, señala Santa Pau.
La Fiscalía General del Estado cuenta con una red de fiscales delegados en cada provincia que coordinan las actuaciones en esta materia, aseguran la unidad de criterios y trasladan las dificultades que surgen en el desarrollo de su actividad a la Fiscalía de Sala, así como mantienen reuniones con la Policía Judicial. Todo ello forma parte de un engranaje técnico orientado a garantizar que las víctimas reciban una respuesta homogénea, eficaz y especializada.
Sin embargo, en Melilla no existe aún un juzgado exclusivo de violencia de género. “Aquí lo asume el Juzgado de Instrucción número 4, que es mixto. No es lo ideal. Lo suyo sería contar con un juzgado dedicado exclusivamente a estos delitos, con personal estable y formado específicamente para ello”, explica la fiscal jefa. Además, señala que en Melilla tampoco se cuenta con un equipo técnico exclusivo de violencia, como sí ocurre en otras comunidades, integrado por personal formado específicamente, algo que agiliza los procesos y ofrece una atención integral y una mayor sensibilización en la materia.
El camino judicial comienza desde el mismo momento en que una mujer acude a comisaría para denunciar. Allí se le toma declaración y se le informa de sus derechos: a la asistencia jurídica, a recibir atención médica si hay lesiones, a disponer de un intérprete en caso necesario, e incluso a no declarar contra su pareja o expareja, un ofrecimiento obligado por ley. “Siempre insisto en que acepten la asistencia letrada, aunque haya que esperar. El abogado o abogada les ayudará a dar forma jurídica a lo que les está ocurriendo, a no dejar fuera aspectos relevantes desde el punto de vista penal”, subraya la fiscal.
La primera toma de declaración, excepto los fines de semana, está a cargo de la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional —especialistas en violencia de género—. A partir de ese atestado, se valora la detención del agresor. En la mayoría de casos, al tratarse de hechos flagrantes que acaban de suceder, se procede a la detención y el caso pasa a disposición judicial en uno o dos días. Una cita a la que acuden tanto la víctima como el detenido. En ese momento, ya en el juzgado, se escucha de nuevo a ambas partes. La mujer acude asistida por un letrado o letrada y también ha podido hablar previamente con el equipo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, “que en Melilla hacen una gran labor”. El personal de la entidad, incluida una psicóloga, habla con las víctimas y las orienta sobre los recursos disponibles: las casas de acogida, las ayudas económicas, la situación de los hijos...
Una vez escuchada nuevamente la víctima, el juzgado decide sobre la situación de la pareja o expareja. “Generalmente se adopta una orden de protección, que incluye la prohibición de aproximarse o comunicarse, además de regular medidas civiles si hay hijos, el uso de la vivienda, pensiones o régimen de visitas”, indica Santa Pau. En situaciones más graves, se acuerda el ingreso en prisión del agresor. La fiscal subraya que es importante que los casos se tramiten como diligencias urgentes, lo que permite celebrar el juicio en un plazo máximo de 15 días. “Una mujer que recibe una respuesta judicial en dos semanas tiene mucha más tranquilidad que si debe esperar un año y medio”, explica.
Santa Pau insiste en que no solo los episodios evidentes de agresión física constituyen violencia de género. También lo son aquellas conductas más cotidianas y persistentes que minan poco a poco la autoestima y libertad de la mujer. “También es violencia la del día a día, la que te va minando poco a poco. Que te digan que no vales, que eres una inútil, que te van a amargar la vida, que te van a quitar a los niños. Que te controlen el móvil, que te geolocalicen, que decidan con quién sales o cómo vistes. Todo eso es parte de la violencia de género y todo eso es denunciable. Entonces, cualquiera que pase por esa situación, yo les recomiendo que lo denuncie, por supuesto”, afirma. Según explica, cada una de estas conductas puede constituir un tipo penal diferente, desde delitos de amenazas hasta lesiones o maltrato habitual.
La acumulación de estos comportamientos, muchas veces normalizados en la vida cotidiana, conforma una red de control y sometimiento que afecta profundamente a las mujeres, independientemente de su edad, clase social o nivel educativo. La Administración, y los juzgados en especial, en ocasiones se encuentran con la dificultad de llegar a la población, así como que las víctimas identifiquen las violencias y denuncien, pero es importante que sepan “que se les va a ayudar”.
La realidad que viven las mujeres dificulta también sus redes de apoyo. “Nos encontramos con mujeres muy solas, porque las han aislado. Que creen, están convencidas, de que cuando denuncian a su pareja o a su expareja porque les está agrediendo, no las van a creer. Porque ellos les han hecho creer que la palabra de ellos vale más que la de ellas. Mujeres que tienen mucho miedo por la situación en la que se van a quedar si se quedan o no se quedan en la calle”, describe Santa Pau. En ocasiones, las mujeres tienen un nivel formativo bajo y carecen de ingresos propios, pero también aquellas víctimas con una buena posición económica o una carrera profesional consolidada han sido maltratadas. “A veces, les cuesta más trabajo creer que les esté pasando”, reflexiona Santa Pau. La fiscal jefa subraya que la violencia de género no distingue perfiles. “No afecta a una clase social, ni a una clase cultural, ni a una edad. Afecta a todas”, asegura. “La base de la violencia de género es la discriminación y la desigualdad con las mujeres. Y la base, en realidad, es el machismo. Mientras siga existiendo el machismo, seguirá existiendo la violencia de género”, concluye.
Desde su experiencia en los juzgados, Laura Santa Pau advierte sobre un fenómeno especialmente preocupante: el aumento de agresiones entre menores. Señala que no solo se trata de que los adolescentes adopten actitudes agresivas, sino que muchas chicas asumen con normalidad roles de sumisión. “Los chicos se comportan como más ‘macho alfa’, pero es que ellas están asumiendo unos roles de sumisas. Aceptan que las controlen”, afirma. Explica que muchas jóvenes interiorizan mensajes como “si no me controla, no me quiere”, o modifican su forma de vestir, maquillarse o relacionarse según lo que les permita su pareja. “Les controlan el móvil, acceden a sus redes sociales, deciden con quién pueden salir. Y eso es violencia. Eso no hay que permitirlo de ninguna manera”, insiste. Para la fiscal, esta realidad refleja una preocupante polarización en las relaciones adolescentes que exige una atención urgente desde todos los ámbitos.
Las cifras respaldan la gravedad del problema. “No son solo números, hay personas detrás”, advierte la fiscal. Desde 2003, más de 1.330 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Desde 2013, 65 menores han sido asesinados en este contexto. “Son muchas. Si habláramos de 1.330 periodistas asesinados, o 1.330 fiscales, estaríamos diciendo ‘¿qué está pasando?’, pero como son mujeres a manos de sus parejas o exparejas, lo normalizamos”, afirma con firmeza.
Para quienes aún no han dado el paso de denunciar, la fiscal insiste en que hay recursos, apoyo y profesionales preparados para ayudarlas. “Pueden acudir al Instituto de la Mujer, a la Oficina de Atención a las Víctimas, al Centro de Crisis para víctimas de agresiones sexuales. Incluso pueden consultar antes de interponer la denuncia para informarse. Hay formas de empezar a salir de esa situación, no están solas”. En este camino, la Oficina de Atención a las Víctimas desempeña un papel fundamental. “Ofrecen apoyo psicológico antes de declarar, y siguen acompañándolas después. Las escuchan, las apoyan, les dan herramientas. Hacen un trabajo enorme, son personas comprometidas”.
El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, en colaboración con la Consejería de Presidencia y la Viceconsejería de Igualdad, desarrollará unas jornadas el próximo 25 de noviembre. Laura Santa Pau participará con una intervención centrada en el papel de la Fiscalía en la protección de las víctimas. Su mirada profesional representa el compromiso de una justicia que escucha y actúa. “Es importante encontrarte con gente que te escucha y que no te juzga; que otorga el tiempo necesario para que puedan contar una cosa u otra”, concluye Santa Pau, destacando el papel de los juzgados.
