Marruecos reabrió el caso en mayo, tras destaparse la trama en Melilla. Desde que se destapara la trama de compraventa de 42 bebés nacidos en Melilla y Marruecos entre finales de los años 70 y principios de los 80, durante y después de la investigación no se ha podido localizar aún a una de las madres biológicas que, ahora, sus hijos buscan. Aunque los bebés nacían en Melilla o en hospitales de Marruecos y luego eran trasladados a la ciudad, éstos viajaban con sus nuevos padres a diversos puntos de la península: Málaga, Valencia, Baleares o Canarias. De ahí que, a pesar de que la ‘Operación Oculta’ destapara una trama local, la repercusión de la misma tiene implicaciones en el ámbito nacional.
Esa pieza del puzzle que falta ahora en la investigación, la localización de las madres biológicas, tiene difícil solución, pues a tenor de los años transcurridos la mayoría de ellas puede que haya fallecido o sea muy mayor. Según explicaron a El Faro fuentes cercanas a la investigación, todas las llamadas que se registran que puedan aportar una pista se trasladan al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Melilla, desde donde se dan instrucciones precisas para “tirar del hilo”.
Así pues, la esperanza de encontrar a una de esas madres biológicas que bien entregaron a su bebé o las engañaron, no se pierde, puesto que puede darse la circunstancia de que algún familiar o hijo de esa mujer conozca que su madre tuvo un bebé y que o bien fue entregado o bien le dijeron que había nacido muerto. Según las mismas fuentes, a través de las pruebas de ADN se podría localizar la familia biológica de un bebé robado con algún hermano suyo.
Un perfil determinado
Las pesquisas no son fáciles para encontrar a esas mujeres, pues la organización buscaba a un perfil determinado. El denominador común entre las madres gestantes era la falta de recursos y necesidad de dinero. Bajo esta primera premisa, las mujeres embarazadas que eran objetivo de la trama bien pudieron ser empleadas del hogar, que venían a trabajar a Melilla, o bien mujeres que se dedicaban a la prostitución.
En ambos casos, ya sea voluntariamente o engañadas con la creencia de que sus hijos iban a tener una vida mejor, entregaban a sus bebés. El cómo se hacía esa entrega es otro de los puntos que quedan por esclarecer en la investigación.
Pero la ‘Operación Oculta’ no ha terminado. Las mismas fuentes de la investigación reconocen que la rueda de prensa que se ofreció en la Delegación del Gobierno el pasado mes de mayo en la que se informó de toda la trama “ha supuesto un antes y un después”. El objetivo de las autoridades españolas de que el caso tuviera la máxima difusión se ha cumplido.
El ‘boca–oreja’ ha sido y es la principal vía de difusión de lo que pasó en los años 70 y 80 en Melilla y la zona marroquí inmediata en la ciudad. Tal vez así se pueda localizar alguna madre o familia biológica de esos bebés robados que les buscan, afirman estas fuentes.
Marruecos rescata el caso
Igualmente, Marruecos, por su parte, ha reabierto la investigación sobre los bebés robados. Hace algunos años las autoridades judiciales marroquíes sobreseyeron el caso por falta de pruebas para continuar la investigación. Pero a raíz de los resultados de la investigación en España y en Melilla, concretamente, las pesquisas han comenzado.
Desde la ciudad, poco se sabe de los avances de la investigación de la Fiscalía marroquí, pero, al menos, “se ha extendido la voz” al otro lado de la frontera. Marruecos rescata así un caso que se inició en 1985 con la detención de un matrimonio español con dos recién nacidos que supuestamente habían “comprado” por un millón de pesetas (6.000 euros).
La trama descubierta entonces desveló que a un lado y otro de la frontera se captaban bebés y familias de adopción, previa transacción económica. Una mujer conseguía los bebés en los hospitales de Nador y Oujda y pagaban por cada uno de 100 a 2.300 dirhams (90 y 220 euros). Las autoridades marroquíes constataron un total de once casos de bebés robados. El juicio celebrado en 1985 concluyó con varias condenas de cinco años de cárcel por “hacer desaparecer a bebés y obstaculizar su identificación”, pero las penas fueron conmutadas más tarde a sólo un año de prisión firme (el resto domiciliaria).
