Si la polémica Ley del Lobo Ibérico demostró cómo una normativa nacional puede ignorar las realidades territoriales específicas -protegiendo una especie inexistente en ciertas regiones mientras penaliza actividades económicas locales-, la Ley de Desperdicio Alimentario ofrece otro ejemplo paradigmático de cómo el legislador español diseña marcos normativos pensando exclusivamente en la España peninsular, dejando a territorios como Melilla en una situación de vulnerabilidad sistémica.
Pedro Paredes, responsable del Banco de Alimentos de Melilla, resume esta paradoja con contundencia: "nosotros estamos totalmente a favor de la ley del despilfarro. ¿Por qué? Porque llevamos muchísimos años haciendo charlas de sensibilización, conocemos el problema desde hace muchísimos años". Sin embargo, su crítica al diseño normativo es demoledora: "para mí y para bancos de alimentos, que somos pequeños, de territorios pequeños donde no hay, no estamos hablando de grandes capitales, etc., etc., excluir a todas esas empresas... a nosotros en Melilla nos perjudica. Nos perjudica bastante."
La realidad estructural melillense
La Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, vigente desde abril, establece obligaciones estrictas para establecimientos superiores a 1.300 metros cuadrados, pero exime al 96% del tejido comercial español. En Melilla, esta exclusión resulta especialmente dramática: únicamente tres grandes superficies quedan obligadas por la normativa —Centro Comercial Parque Melilla, Carrefour y Aldi—, mientras que el resto del comercio local permanece exento.
Como explica Paredes, la estructura económica melillense hace inviable el modelo peninsular: "nosotros no tenemos sector primario nosotros. No tenemos sector industrial. Solamente tenemos unas cuantas empresas de distribución de alimentos y los supermercados. Empresas locales que distribuyen alimentos y los supermercados."
Esta limitación se agrava en el sector hostelero, donde Melilla carece completamente de establecimientos que superen el umbral legal. "Hay una palabra que la utilizamos mucho en los bancos de alimentos, que es HORECA, que es Hotel, Restaurante y Catering. Hay muchísimas ciudades, Valencia, Madrid, Barcelona, que los HORECA, Hoteles, Restaurante y Catering, pues son de mucha superficie. En Melilla no tenemos HORECA de menos de más de 1.200 m2. Por lo tanto, no tienen obligación de cumplir la ley."
Consciente de estas limitaciones estructurales, el Banco de Alimentos melillense ha desarrollado estrategias innovadoras que trascienden los marcos normativos tradicionales. Paredes ha establecido contactos directos con la Autoridad Portuaria para aprovechar una fuente de alimentos tradicionalmente desaprovechada: "ahora me puse en contacto con Luis Ayala, de la Autoridad Portuaria, para esos grandes barcos. Esos grandes barcos, los barcos normales nuestros, las empresas como Transmediterránea, Balearia, estas empresas que nosotros podemos hacernos cargo de todo ese excedente que no se tire, o que se puedan recuperar en Melilla y no se recuperen en la península."
Esta iniciativa refleja una comprensión profunda de las particularidades territoriales melillenses. Las navieras que conectan la ciudad autónoma con la península generan excedentes alimentarios que tradicionalmente se desperdician o se gestionan únicamente en destino. "Porque estoy seguro que ellos recuperan en la península, en Málaga o en Almería. Entonces, bueno, es un poco ellos no tienen nada que ver. Porque estoy hablando con estas empresas, con estas navieras."
El modelo propuesto por Paredes a la Autoridad Portuaria trasciende la mera gestión de residuos para convertirse en una estrategia integral de aprovechamiento alimentario: "que lo supiera la Autoridad Portuaria que nosotros estamos a disposición de recogidas gratuitas, esto es importante, recogidas gratuitas de MERMA y excedente, por ejemplo, de las navieras que pudieran trabajar aquí en Melilla."
Esta propuesta cobra especial relevancia en un contexto donde el Banco de Alimentos melillense atiende aproximadamente 20 lotes de emergencia semanales —cuatro veces más que antes de la crisis del sistema de ayuda alimentaria— con un volumen mensual de 6.000 kilos de alimentos distribuidos.
Paredes extiende esta lógica a otros sectores: "si por la frontera se decomisa algo y está en perfectas condiciones, pues es el aceite, todo lo que sea de origen vegetal, lógicamente, porque origen animal ya es otra historia, pero todo lo que sea de origen vegetal, pues si se decomisa, pues se puede utilizar todo lo que sea de esta parte de los barcos y todo lo que es local."
La paradoja normativa territorial
El caso melillense ilustra perfectamente las contradicciones de un diseño normativo que no considera las especificidades territoriales. Mientras Madrid cuenta con 120 centros comerciales sujetos a la ley, Barcelona con 42, y ciudades como Valencia o Sevilla superan los 20 cada una, Melilla debe gestionar su lucha contra el desperdicio alimentario con apenas tres establecimientos obligados por la normativa.
"Si quieres que sea un poco crítico hoy con esa ley, esa ley dentro de los tiras y aflojas de aprobación antes de esas disputas políticas, antes de aprobación de las Cortes Generales, eximieron de esa ley a la empresa que tuviese menos de 1.300 m2", explica Paredes, quien identifica el origen político de una problemática técnica: "Una empresa con menos de 1.200 m2 se excluye de esa ley. Entonces, claro, a nosotros, que en Melilla no tenemos grandes superficies, pues en Melilla la aplicación de esa ley se queda un poco corta."
La experiencia melillense con la Ley de Desperdicio Alimentario, como anteriormente ocurrió con la Ley del Lobo Ibérico, demuestra la necesidad urgente de desarrollar marcos normativos territorialmente diferenciados. Territorios con características estructurales específicas —como el aislamiento geográfico, la ausencia de sectores económicos completos o la dependencia de conexiones marítimas— requieren aproximaciones legislativas adaptadas a sus realidades.
"Es una barbaridad lo que se tira en todos los sectores. En el sector, digamos, doméstico, en las casas, en el sector primario, que es el de producción, agricultura, pesca, ganadería, en el sector industrial", reconoce Paredes, consciente de la magnitud del problema pero también de las limitaciones territoriales para abordarlo.
La propuesta melillense de aprovechamiento de excedentes marítimos, la colaboración con la Autoridad Portuaria y la gestión de decomisos fronterizos representa un modelo innovador de adaptación territorial que debería inspirar reformas normativas más amplias.
El reto no es solo técnico sino conceptual: España necesita aprender a legislar para un país territorialmente diverso, donde las soluciones válidas para la España peninsular pueden resultar ineficaces o contraproducentes en territorios con características específicas. El Banco de Alimentos de Melilla, con su estrategia de adaptación creativa, ofrece un ejemplo de cómo los actores locales pueden trascender las limitaciones normativas, pero también evidencia que esta capacidad de adaptación no debería ser necesaria si el legislador considerara desde el origen la diversidad territorial española.
Una reflexión necesaria sobre el modelo legislativo
La coincidencia temporal entre la polémica de la Ley del Lobo y los problemas de aplicación de la Ley de Desperdicio Alimentario no es casual: ambas reflejan un modelo legislativo que concibe España como un territorio homogéneo, ignorando que la diversidad geográfica, económica y social requiere aproximaciones normativas diferenciadas.
Melilla, en su insularidad geográfica y especificidad estructural, se convierte así en un laboratorio involuntario que demuestra los límites de un enfoque legislativo centralizado y la necesidad urgente de desarrollar marcos normativos territorialmente sensibles. La eficacia de sus estrategias adaptativas —desde la colaboración portuaria hasta el aprovechamiento de decomisos— no solo resuelve problemas locales, sino que ofrece modelos replicables para otros territorios con características similares.
La lección es clara: legislar para España exige entender España en toda su diversidad territorial. Solo así se evitará que territorios específicos queden en situaciones de vulnerabilidad sistémica por diseños normativos inadecuados a sus realidades estructurales.
