La salud mental se ha convertido en una prioridad para las administraciones en los últimos años. De hecho, existe una Estrategia de Salud Mental 2022–2026 auspiciada por el Ministerio de Sanidad que establece como una de sus líneas prioritarias la mejora del conocimiento epidemiológico, la detección temprana, la prevención y la mejora de los sistemas de información y control de estas patologías.
Avanzar en este sentido es también un objetivo para los responsables de la Consejería de Políticas Sociales de Melilla, que se han puesto manos a la obra para que la ciudad no se quede atrás en la mejora de la atención a estos pacientes. Para ello, hay un punto de partida que el Gobierno local admite, como es que Melilla “no dispone en la actualidad de un sistema de información estructurado para la vigilancia de la salud mental, lo que impide conocer de forma sistemática la situación epidemiológica del territorio, identificar tendencias, detectar desigualdades y evaluar las necesidades asistenciales y preventivas”.
Es más, añaden que la vigilancia de la salud mental “constituye una necesidad emergente y prioritaria en el ámbito de la salud pública, debido a la elevada carga de enfermedad asociada a los trastornos mentales, su impacto en la calidad de vida de la población y su estrecha relación con factores sociales, económicos y asistenciales”.
En este contexto, la Ciudad ha puesto en marcha el proceso para tener un Sistema de Información de Vigilancia de la Salud Mental, inexistente hasta la fecha, alineado con las estrategias estatales y preparado para su integración en la futura Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.
Información “dispersa” en los sistemas asistenciales
Se trata de un contrato con una empresa especializada que permita a la Administración local disponer de una herramienta estructurada y normalizada para tener un control de este tipo de patologías facilitando la captación, validación, análisis y explotación de información procedente de las principales fuentes asistenciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y otros actores relevantes. Lo que se hará es crear mediante el diseño conceptual, desarrollo e implantación un nuevo módulo específico dentro de la aplicación corporativa de Vigilancia de Salud Pública.
En principio, esta nueva prestación deberá estar lista en seis meses una vez que se adjudique su diseño y puesta en marcha, para lo que se ha dispuesto de un presupuesto de unos 54.000 euros. Las razones por las que la consejería apuesta por esta iniciativa también quedan claras en las memorias justificativas, en la que se argumenta que la información existente “se encuentra dispersa en distintos sistemas asistenciales, principalmente gestionados por Ingesa (Atención Primaria, Psiquiatría hospitalaria, urgencias y CMBD), así como en centros y profesionales privados, sin un modelo común, sin normalización de variables y sin mecanismos de integración, validación ni explotación epidemiológica.
“Una actuación necesaria, estratégica y fundacional”
Esta situación dificulta la planificación de políticas públicas en salud mental, la evaluación del impacto de intervenciones y recursos, la detección precoz de problemas emergentes y la alineación con las estrategias y marcos estatales de vigilancia en salud pública. La Ciudad afirma que contar con esta nueva herramienta es “una actuación necesaria, estratégica y fundacional”, ya que no existe hasta este momento en Melilla.
También explican en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico que durante los años 2023 a 2025 hubo reuniones con profesionales de Ingesa (Psiquiatría hospitalaria y de Atención Primaria), así como “contactos exploratorios con servicios privados, sin llegar a disponer de un modelo, estructura de datos o mecanismos de interoperabilidad efectivos. Esta carencia impide conocer la situación epidemiológica de la salud mental en el territorio, dificultando el diseño de políticas públicas, la evaluación de factores de riesgo y la identificación de necesidades poblacionales y asistenciales”.
La creación de un sistema autonómico de vigilancia permitirá a la Ciudad tener ese instrumento técnico mediante el que ejercer sus funciones en el ámbito específico de la salud mental. Si bien en el momento actual no existe un sistema estatal plenamente consolidado de vigilancia este tipo de enfermedades equivalente a otros registros epidemiológicos, el marco normativo vigente prevé el desarrollo progresivo de metadatos, modelos de información y mecanismos de interoperabilidad que permitan su integración futura en la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. El proyecto de Melilla busca así anticipar y facilitar dicha integración, mediante la creación de un sistema autonómico alineado con los principios, objetivos y directrices establecidos a nivel estatal.
Ya hacía falta en Melilla.Bien por INGESA.Y muy bien por el ministerio de Sanidad y su ministra Mónica García.