Melilla se situó en 2025 como la región con mayor tasa de fraude al seguro en España, alcanzando el 11,66 por ciento, una cifra que la coloca muy por encima del resto del territorio nacional y que contrasta con la media estatal, situada en el 1,92 por ciento. Este dato se desprende del XIII Mapa AXA del fraude en España, que refleja una tendencia de estabilización a nivel nacional, aunque con importantes diferencias territoriales.
En el conjunto del país, la tasa de fraude apenas descendió el pasado año, manteniéndose por debajo del 2 por ciento. En comparación, comunidades como Castilla y León registraron un 1,87 por ciento, cinco centésimas por debajo de la media nacional. Este territorio también muestra una evolución descendente en los últimos años, pasando del 2,04 por ciento en 2021 a niveles inferiores en 2025.
Sin embargo, la situación en Melilla presenta una realidad muy distinta. Desde 2019, la ciudad autónoma se encuentra de manera recurrente entre las regiones con mayor incidencia de fraude al seguro, compartiendo los primeros puestos del ranking con comunidades como Canarias, Andalucía y Navarra. En 2025, Melilla lidera con claridad esta clasificación, muy por encima de Navarra, con un 3,21 por ciento, y Canarias, con un 2,85 por ciento.
En el extremo opuesto del ranking nacional se encuentran comunidades como Madrid, País Vasco y Cataluña, que registraron las tasas más bajas del país en 2025, con un 0,84 por ciento en el caso de Madrid y un 1,53 por ciento en País Vasco y Cataluña. Estas cifras ponen de manifiesto la gran disparidad territorial existente en materia de fraude al seguro.
A nivel provincial, los datos también reflejan diferencias significativas. Teruel encabeza la lista de provincias con mayor tasa de fraude, con un 3,44 por ciento, seguida de Almería, con un 3,41 por ciento, y Cádiz, con un 3,39 por ciento. Por el contrario, Ciudad Real se mantiene como la provincia con menor tasa, con un 0,90 por ciento, repitiendo esta posición por tercer año consecutivo.
En Castilla y León, Burgos presenta la tasa más elevada dentro de la comunidad, con un 2,64 por ciento, seguida de León, con un 2,33 por ciento, y Palencia, con un 1,90 por ciento. En el lado contrario se sitúan Zamora, con un 1,20 por ciento, Soria, con un 1,26 por ciento, y Valladolid, con un 1,46 por ciento. Ávila alcanzó un 1,84 por ciento, Segovia un 1,69 por ciento y Salamanca un 1,57 por ciento.
Por ramos, el seguro de autos continúa siendo el que concentra el mayor volumen de fraude, representando aproximadamente el 55 por ciento del total en los últimos años. Le sigue el multirriesgo, con un 29 por ciento en 2025, mientras que el 15 por ciento restante corresponde a otros ámbitos como responsabilidad civil, transporte, industria, salud, accidentes y vida.
En cuanto a la tipología del fraude, el informe distingue entre fraude oportunista y premeditado. El primero, que se produce cuando el asegurado intenta incluir daños no relacionados con un siniestro real, representó el 50,8 por ciento de los casos, regresando a niveles similares a los de 2020. Por su parte, el fraude premeditado, planificado con el objetivo de obtener un beneficio económico, experimentó un incremento de más de seis puntos, alcanzando el 46,3 por ciento, la cifra más alta de los últimos ocho años.
El informe también destaca el papel cada vez más relevante de la tecnología en la detección del fraude. En un solo año, el uso de herramientas digitales ha permitido aumentar la identificación de casos fraudulentos del 30 al 36 por ciento. Este avance contrasta con la situación de 2013, cuando el 97 por ciento del fraude se detectaba de forma manual y solo un 3 por ciento se identificaba mediante medios digitales.
Según Fernando Carballo, director de Siniestros de AXA España, el desarrollo tecnológico ha permitido incrementar la precisión en la detección del fraude, lo que reduce las molestias para los asegurados que cumplen con la normativa. Asimismo, señaló que la evolución tecnológica no solo mejora la eficacia en la investigación, sino que también da lugar a nuevas formas de fraude premeditado, lo que obliga a reforzar los sistemas de control y detección.
