La ciudad de Melilla se verá directamente afectada por el nuevo modelo de gestión migratoria aprobado este lunes por los ministros del Interior de la Unión Europea. El acuerdo alcanzado en Bruselas, con el rechazo en solitario de España, abre la puerta a expulsiones mucho más rápidas de solicitantes de asilo hacia países considerados “seguros”, sin que sea necesario demostrar vínculo alguno entre el migrante y el país al que se le expulsa.
Este cambio en las reglas de juego ha generado preocupación en el Gobierno español, que fue el único que votó en contra de una propuesta que, según advirtió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rompe el equilibrio alcanzado en el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en 2023.
Entre las medidas adoptadas por los Veintisiete se encuentra la eliminación del requisito que obligaba a acreditar una conexión significativa con el país de destino para proceder a la devolución. A partir de ahora, bastará con que el país esté incluido en una lista común de “terceros seguros”, en la que ya figuran Marruecos, Túnez, Egipto, Bangladesh, India, Colombia o Kosovo.
La aprobación de esta medida tiene una especial relevancia para territorios fronterizos como Melilla y Ceuta, principales puertas de entrada a Europa desde África y zonas especialmente sensibles a los flujos migratorios. E
n estas ciudades, donde se registran con frecuencia entradas de migrantes a través de la valla o por mar, las autoridades podrán aplicar con mayor rapidez las expulsiones en caliente o rechazos en frontera, amparándose en el nuevo marco normativo que prepara la UE.
Otro de los elementos que afectan directamente a Melilla es la futura creación de “centros de retorno” fuera del territorio de la Unión. Se trata de instalaciones en terceros países desde donde se organizarán las devoluciones de migrantes inadmitidos o cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas.
Según ha publicado el diario ABC, esta fórmula se inspira en el modelo británico y australiano, y aunque todavía no se ha concretado su ubicación, abre la puerta a externalizar buena parte del proceso migratorio.
El ministro Grande-Marlaska ha mostrado su preocupación por el efecto que estas reformas pueden tener en las fronteras exteriores de Europa y, en particular, en enclaves como Melilla.
España considera que este nuevo paquete vulnera el principio de proporcionalidad y puede conllevar prácticas contrarias a los derechos fundamentales. “No podemos respaldar una norma que desvirtúa el pacto migratorio y reduce las garantías de protección internacional”, insistió el titular de Interior tras la votación.
Pese a estas objeciones, el resto de países de la UE ha cerrado filas para avanzar hacia una política más dura en materia de retorno. El objetivo es reducir la presencia de personas que no obtienen el estatuto de refugiado y facilitar su expulsión a países donde, en teoría, su vida no corre peligro.
Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han advertido de que muchos de los Estados considerados “seguros” no ofrecen garantías reales ni protegen adecuadamente a quienes retornan.
Para intentar compensar las tensiones que puede generar este giro político, Bruselas ha propuesto un “paquete de solidaridad” destinado a los países más presionados por la migración, como España, Italia, Grecia o Chipre. Esta ayuda podría traducirse en fondos económicos, reubicaciones de migrantes o asistencia técnica, aunque su alcance y condiciones aún están por definir.
En el caso de Melilla, donde la presión migratoria forma parte del día a día, este cambio legislativo puede significar un endurecimiento aún mayor de los procedimientos, con menos margen para recursos legales, mayor agilidad en las expulsiones y más dificultades para acceder al derecho de asilo.
A la espera de que el acuerdo se implemente de forma definitiva en 2026, las dudas crecen entre quienes trabajan en el terreno y advierten que, lejos de solucionar el problema, esta política puede generar nuevas tensiones y conflictos en la frontera sur de Europa.
