Fuera del copago queda el traslado entre centros para realizarse una prueba o acudir a una consulta.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, confirmó ayer la introducción del copago en el transporte sanitario no urgente en función de la renta de los pacientes, según el “borrador técnico” que estudiará el Consejo Interterritorial el próximo día 20 de diciembre. El Ministerio desmintió las informaciones en las que se aseguraba que los pacientes con enfermedades crónicas vayan a pagar cinco euros por un transporte sanitario no urgente. En los pasillos del Congreso, Mato explicó que el borrador lo han elaborado los técnicos del Ministerio junto con los de las comunidades autónomas. Destacó que, según la propuesta, el transporte sanitario urgente no tendrá “ninguna aportación de ningún paciente” y que en el transporte no urgente las “personas que no tienen recursos o los pensionistas con rentas muy bajas tampoco tienen que hacer ninguna aportación”. Para el resto de los pacientes, “habrá una aportación reducida para el transporte no urgente en función de la renta” y los enfermos crónicos tendrán que hacer “también una aportación mínima” en función de sus ingresos. “Básicamente los técnicos que han hecho la propuesta son de las comunidades autónomas; ahora nosotros valoraremos las cifras que han planteado y tomaremos la decisión”, señaló la ministra. El Ministerio indicó que se establecerá un límite mensual de 60 euros para las rentas superiores a 100.000 euros anuales, de 20 para las personas que ganen entre 18.000 y 100.000 euros y de 10 para el resto de usuarios. Además, se destaca que estos límites serán semestrales en el caso de tratamientos periódicos superiores a seis meses, con lo que se protege a los enfermos crónicos, que pagarán entre 1,6 y 3,3 euros al mes, en la mayoría de los casos. Otras excepciones del copago El Ministerio asegura que no se considera transporte sanitario no urgente el traslado entre centros, por lo que también estará exento de aportación. De esta forma, si un enfermo necesita una prueba o una atención que no pueden facilitarle en el hospital en el que esté ingresado, se trasladará sin coste alguno a otro centro para ser asistido. Los menores, personas con discapacidad cognitiva, sensorial o visual o cuando el estado de salud del enfermo así lo requiera podrán llevar acompañante en los trayectos sin ningún coste adicional para los usuarios. Esta modificación en la legislación sanitaria ha provocado las primeras críticas. La asociación de consumidores Facua denunció ayer la “crueldad del Ministerio de Sanidad con los más débiles” al plantear el cobro de cinco euros por trayecto de ambulancia a los “enfermos crónicos”. Facua apuntó que esta medida penaliza la enfermedad y atenta contra el principio de igualdad, al hacer pagar a los ciudadanos que no tienen otros medios para recibir los tratamientos que, en muchos casos, necesitan para poder sobrevivir.
