Más de dos millones de euros es la cantidad global que tres exconsejeros cepemistas del anterior Gobierno tienen que aportar como posible responsabilidad civil en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad por presuntos delitos de corrupción. Se trata de Rachid Bussian, actualmente vicepresidente segundo de la Asamblea, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed Al-Lal, estos últimos titulares de Medio Ambiente y Distritos, respectivamente, en la legislatura 2019-2023. A los tres se le han bloqueado determinadas cantidades para garantizar esa responsabilidad civil. En el caso de Rachid Bussian se trata de 933.054 euros; en el de Hassan Mohatar, 528.735 euros; y en el de Mohamed Ahmed Al-Lal, 593.575 euros. Si sus cuentas bancarias tuvieran cantidades por encima de lo fijado como responsabilidad civil, podrán hacer uso de sus fondos. En caso contrario, todo el dinero quedará bloqueado. Junto con estos tres exconsejeros figuran igualmente Cecilia González, a la que se exigen 2.571 euros; Yonaida Selam, otros 8.568 euros; y Fatima Mohamed Kaddur, con 20.716 euros. Y además en la relación se sitúa también a directores generales de la Ciudad Autónoma como Alfonso Gómez (35.906 euros), María Carmen Pardos (8.399 euros), Mimun Mohamed Si Ali (19.540 euros) y Abdelaziz Hammad Mohamed (85.055 euros). Este último fue director general de Distritos pero fue cesado y volvió a su puesto de funcionario en el SEPE. Además de los exconsejeros y directores generales, varios empresarios también han visto afectadas su finanzas con el bloqueo de las cantidades que se les exigiría en caso de responsabilidad civil. Según la información a la que ha tenido acceso El Faro, esas cuantías varían en una horquilla que va desde 71.091 euros a más de 273.000. Estas medidas cautelares se han adoptado dentro del sumario de la operación Santiago-Rusadir, una de las cuatro piezas de la que consta toda la investigación, que ya no se encuentra bajo secreto. Además, nuestras fuentes aseguran que todavía no se han fijado fianzas para que los exconsejeros puedan salir de prisión y tampoco se conoce una fecha concreta para que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación presentados por los abogados de las defensas en este caso.
Operación Santiago-Rusadir
La operación Santiago-Rusadir salió a la luz en los primeros días de marzo pasado cuando se llevaron a cabo simultáneas entradas y registros en los domicilios de los exconsejeros de CpM en el Gobierno de Eduardo de Castro, así como del presidente del partido, Mustafa Aberchán. Los registros se llevaron a cabo tanto en Melilla como en Granada, donde reside el que fuera responsable de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal. Como consecuencia de esa primera oleada de la actuación policial fueron detenidos casi todos los miembros cepemistas de aquel Ejecutivo local, a excepción del viceconsejero de Participación Ciudadana, Abderrahim Hammú. Cinco de ellos fueron enviados a prisión y solo uno, Yonaida Selam, pudo eludir la cárcel mediante el pago de una fianza de 5.000 euros. Los otros cuatro, además de Mustafa Aberchán, permanecen a día de hoy en sus respectivos centros penitenciarios: Dunia Almansouri, Hassan Mohatar y Rachid Bussian en Melilla, el líder de CpM todavía en Santander y Mohamed Ahmed en Granada. Los abogados defensores presentaron recurso de reforma ante el auto judicial pero la juez se reafirmó en su decisión, que ahora está recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. En los días posteriores y hasta prácticamente la pasada semana continuaron las detenciones y las declaraciones judiciales por parte de más de una veintena de empresarios y varios directores generales de la Ciudad Autónoma, si bien ninguno de ellos ingresó en prisión.
Polémica
La polémica por estas detenciones surgió a raíz de que se hiciera público el contenido del auto judicial de entrada en la cárcel. Éste aludía, entre otros argumentos, a la ascendencia bereber de los detenidos y su doble nacionalidad marroquícomo posible causa de fuga. Los dirigentes de CpM, con el diputado Emilio Guerra a la cabeza, hicieron entonces un duro comunicado de prensa afirmando que sus compañeros estaban privados de libertad por la discriminación que sufrían al ser bereberes y acusó al "sistema" de racista. De hecho, la defensa de Yonaida Selam ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) quejándose de la situación y pidiendo una investigación sobre la juez.