Prisión preventiva sin fianza para tres de los detenidos de CpM en Melilla por la trama de la compra de votos

La juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha decretado el ingreso en prisión provisonal sin fianza para tres de los cuatro miembros cepemistas del anterior Gobierno que fueron detenidos en la ciudad por su presunta responsabilidad en los delitos de organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos. Esos serían los delitos investigados por la Policía Nacional, según informaron fuentes oficiales de la Jefatura Superior.

Por su parte, la exviceconsejera de Incidencias y Línea Verde, además de presidenta de Emvismesa, Yonaida Selam, sí podrá eludir la cárcel mediante el pago de una fianza cuya cuantía no se ha dado a conocer.

Fue a primeras horas de la mañana de este martes cuando funcionarios de la Policía Nacional, tanto de uniforme como de paisano, iniciaban la entrada y registro en los domicilios de cuatro miembros cepemistas del anterior Gobierno. Se trataba de la que fue consejera de Hacienda, Dunia Almansouri; el de Fomento, Infraestructura y Deporte, Rachid Bussian; Medio Ambiente, Hassan Mohatar; y la viceconsejera de Línea Verde, Yonaida Selam.

Además, el presidente del partido, Mustafa Aberchán, quedó detenido en Santander, donde asistía a un congreso médico. Nuestras fuentes señalaron en ese sentido que Aberchán pasará este miércoles a disposición judicial por lo que no se descarta que durmiera en la comisaría en la que fue arrestado. Igual circunstancia concurriría en el caso del otrora consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, en Granada, donde actualmente reside.

Por su parte, la responsable del Mayor, Fatima Kaddur, habría quedado en libertad con cargos y la obligación de acudir al juzgado cada 15 días de acuerdo con estos interlocutores. Ella se encontraba en Barcelona y pasó por el juzgado, si bien las fuentes consultadas por El Faro indicaron que en su caso se negó a declarar ante la juez por recomendación de su abogado, asignado de oficio, por el carácter secreto de las diligencias.

Con todas estas actuaciones se ponía en marcha la operación Santiago-Rusadir, organizada por la Policía Nacional. Las fuentes, cercanas a la investigación, han señalado también que las acciones policiales podrían alargarse durante todo el miércoles y llegar incluso al próximo viernes. Cabe resaltar en ese sentido que testigos presenciales informaron a este Diario que el avión procedente de Madrid, que llegaba a primeras horas de la tarde, traía a Melilla un contingente de policías nacionales que podría calcularse en unos 40 funcionarios.

Origen de las investigaciones

Las investigaciones que lleva a cabo la Policía Nacional se iniciaron en abril de 2023, después de que se redactara un atestado según el cual existían "indicios sólidos" de que podría existir una compra de votos masiva en Melilla. En ese momento, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad abrió diligencias y las declaró secretas. Pocos días antes de las elecciones, que se celebraron el 28 de mayo, se desarrolló la primera operación policial con el resultado de 9 detenidos y once registros.

Entre los detenidos en aquel momento figura el titular de la Consejería de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, que quedó en libertad con cargos después de negarse a declarar ante la juez. Veinticuatro horas después fue cesado de su cargo por decisión del entonces presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro. Sin embargo, Mohamed Ahmed sí figuraba en la lista de CpM para las elecciones autonómicas de 2023 con el número 3, justo después de Dunia Almansouri y Rachid Bussian.

Todo el asunto de la trama de la compra de votos estalló días antes cuando un cartero fue robado para llevarse los votos que pretendía trasladar. Aquella acción fue considerada como de "máxima gravedad" por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya adelantó entonces la existencia de una investigación y priorizaba la seguridad de estos trabajadores de Correos mediante la escolta tanto de policías como de guardias civiles durante el reparto de la documentación electoral en los distintos barrios de la ciudad.

Grande-Marlaska se mostró muy contundente cuando afirmó que esos robos "ponen en tela de juicio y en riesgo la propia democracia", afirmó.

Voto por correo

Las solicitudes para votar por Correo se dispararon de cara a aquellas elecciones. Al final del plazo se habían registrado 11.707 peticiones, lo cual suponía un 20,81% del total de los electores en la circunscripción melillense, cifra que superaba por mucho a cualquier otra población española. Esta circunstancia junto con las enormes colas que se producían a diario en la puerta de la sede de la empresa pública en nuestra ciudad, llevó a que organizaciones políticas como el PP o Vox pidieran la intervención de la Junta Electoral de Zona.

En cuanto este órgano de control de las elecciones dictó la orden de que todos los votantes por Correo tenían que identificarse en las oficinas con el DNI, decisión avalada posteriormente por la Junta Electoral Central, desaparecieron las colas de la puerta y comenzó el declive electoral de CpM, que pasó de 8 a 5 diputados en la Asamblea para la actual legislatura.