El coste de este servicio, en 2009, fue de 265,4 millones, de los que el 0,5 correspondió a Melilla. Más de 1,8 millones de ciudadanos recibieron asistencia jurídica gratuita en 2009, un 28 por ciento más que el año anterior debido a los efectos de la crisis económica, aunque en lo que va de 2010 su uso se ha estabilizado e, incluso, ha descendido de forma significativa en algunas áreas.
Así lo puso ayer de manifiesto el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, durante la presentación del cuarto informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, que revela que del total de 2009, más de 64.000 asuntos correspondieron a casos de violencia de género.
Durante el pasado año, el coste de la asistencia letrada gratuita se disparó y la inversión realizada por las Administraciones públicas en el turno de oficio se incrementó en un 20,8 por ciento, alcanzando los 265,4 millones euros.
A pesar de este incremento, Carnicer explicó que se trata de una cantidad “ridícula” dentro del gasto total de Justicia, ya que sólo supone un 7 por ciento, y negó que la asistencia letrada gratuita haya crecido en los últimos años de forma desaforada.
Por el contrario, en 2010 se observa una estabilización y el CGAE no descarta que su coste tenga un crecimiento bajo o, incluso, descienda.
Así, en Madrid en los 9 primeros meses de este año el número de designaciones de abogados de oficio ha descendido un 10,71 por ciento, el número de solicitudes ha caído un 6,42 por ciento, especialmente en Extranjería, y el gasto en asistencia jurídica gratuita ha bajado un 9,76 por ciento.
Del gasto total en 2009, Cataluña recibió un 24,2 por ciento, seguida de Madrid, con un 20,5 por ciento, y Andalucía (15,1) mientras que La Rioja (con un 0,3 por ciento), Ceuta y Melilla (0,5) fueron las que menor inversión tuvieron.
Carnicer destacó la necesidad de que las Administraciones tengan voluntad de pagar “normalmente” a los abogados de oficio y recordó que la ley dispone que hay que retribuirles de forma digna.
“La Justicia es la hermana pobre de las Administraciones", señaló el presidente del CGAE, quien explicó que tenían la “leve esperanza” de que el Plan de Modernización de la Justicia cambiara las cosas “pero, si no empieza pronto, vamos a desesperar”.
A la vista de estos datos, el comité de expertos del Observatorio ha propuesto la adopción de varias medidas como evitar la discriminación en el acceso al servicio de justicia gratuita y fraudes en su concesión, de tal forma que se asegure el reconocimiento del beneficio a aquellas personas que realmente tienen una situación económica precaria y no tengan recursos para litigar.
