La reapertura de los pasos fronterizos de Beni-Enzar y el Tarajal ha llegado bajo algunas condiciones del Gobierno de Marruecos, entre las cuales destaca la de no dejar pasar “en ningún caso” las mercancías de contrabando desde Ceuta y Melilla hacia Fnideq o Nador. Una información publicada en bladi.es cita fuentes gubernamentales sin identificar que aseguran que “el contrabando perjudica gravemente la economía marroquí”, y puntualizan que “el valor global de los productos de contrabando que transitan por Ceuta y Melilla hacia las ciudades vecinas superaba anualmente, y hasta el cierre de ambos pasos en 2020, mil millones de euros, o sea 10 mil millones de dírhams”. En aras de ponerle fin al contrabando, se decidió reactivar el puesto aduanero de Melilla con la instalación de otro en Ceuta, para de esa manera controlar el flujo de productos transportados e incautar, si es necesario, las mercancías de aquellos que no cumplan la decisión de las autoridades. La referida fuente dijo además que “antes de la irrupción del Covid-19, las dos ciudades acogían cada una 10.000 visitantes por día. Con motivo de la eliminación del contrabando, Marruecos ha invertido en la renovación de zonas comerciales e industriales cerca de las costas de Fnideq y M’diq, para permitir la inclusión social y profesional de esas personas”. Desde este martes, solo las personas que dispongan de un visado Schengen y los vehículos procedentes del extranjero podrán cruzar los dos pasos fronterizos.Hasta ahora era suficiente con mostrar el DNI con una dirección de la ciudad autónoma y viceversa: los marroquíes empadronados en Nador podían acceder a Melilla con su nequa, algo que en estos momentos no será posible porque la frontera solo abre para ciudadanos Schengen. En tal sentido, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha descartado que la habilitación del paso fronterizo solo para ciudadanos Schengen esté relacionada con el efecto llamada de la actual Ley de Asilo, que permite la libre circulación por todo el territorio nacional de los solicitantes de protección internacional, cuyas peticiones no son resueltas en los tiempos máximos establecidos.